Aunque el press kit diga “innovación y empleo”, la pregunta obvia es: ¿qué le va a entregar Milei a Sam Altman para que, supuestamente, invierta en el país? La semana cerró con fotos, slogans (“Stargate Argentina”) y una carta de intención entre OpenAI y Sur Energy —una firma local poco conocida— para un megacentro de datos de US$ 25.000 millones y hasta 500 MW de potencia. Es enorme… en promesas. Y trae letra chica: energía garantizada por décadas, beneficios fiscales a medida y, si uno lee entre líneas la política de estos días, un rediseño del mapa nuclear argentino que el oficialismo intenta acelerar en el Congreso.
Primero, el elefante en la sala: Sur Energy. De pronto pasó de desconocida a “socia estratégica” de una de las empresas más cotizadas del mundo como OpenAI en Patagonia. ¿Quién es? La prensa local señaló a Matías Travizano como uno de sus fundadores y la definió como “empresa de infraestructura digital” que haría de desarrolladora del proyecto. Mientras tanto, muchos hablan de “empresa fantasma” y que, según el Gobierno, se trataría de “un deal privado” sin participación estatal directa (más allá, claro, de los incentivos y el marco regulatorio). De mínima, es llamativo que el mayor proyecto energético-tecnológico anunciado en años recaiga en una firma con bajo historial público.
Segundo, la energía firme. Un data center de 500 MW exige abundante potencia 24×7 y contratos largos. Ahí aparece el capítulo nuclear. Mientras se vende el “futuro IA”, en el Senado se libró otra pelea: blindar a Nucleoeléctrica (NA-SA) frente a la privatización parcial habilitada por la Ley Bases. El peronismo intentó reunir dos tercios para frenar la venta del 44%; no llegó y la moción cayó. José Mayans insiste en conseguir ese superquórum, pero desde la mesa política oficial —con Santiago Caputo como operador— empujan “planchar” el Senado para que el tema no avance. Si OpenAI necesita contratos de potencia estables, ¿la llave es una NA-SA privatizada y dócil a PPAs (un contrato de compraventa de energía a largo plazo entre quien genera electricidad y un comprador) de largo plazo?
La coreografía cierra cuando uno mira el relato energético que rodea a Altman. En Estados Unidos, para evitar conflictos de interés, dejó la presidencia del proveedor nuclear Oklo, donde fue inversor temprano. El mensaje de fondo fue claro: la carrera por energía base baja en carbono para la IA es existencial. Si ese es el tablero, Argentina —con tres centrales en operación, ingeniería probada y cadena nuclear propia— es un activo estratégico. Privatizar un pedazo en este contexto no suena a “modernización”; suena a ponerle moño a un activo crítico justo cuando los gigantes de la IA pelean por megavatios.
Tercero, los incentivos. Reuters y medios regionales describen el proyecto atado a un régimen de exenciones específico (el Gobierno difundió un nombre casi calcado al RIGI) y a facilidades para importar equipamiento. Está por verse si son beneficios horizontales o trajes a medida. Pero si el corazón del negocio es energía barata y estable, el resto —tierra, exenciones, fast track aduanero— luce complemento y no causa. El precio mayorista y la prioridad de despacho son las verdaderas perillas.
Cuarto, el uranio. No es casual que esta semana también saliera a la luz un informe nuclear “reservado” y que crezca la presión externa sobre los minerales críticos. El uranio vuelve al radar —Japón lo acaba de sumar a su lista; Estados Unidos lo mira junto a “tierras raras”— y operadores financieros del oficialismo repiten el libreto. Si el combo Stargate-IA presiona por nuclear, el capítulo “U” deja de ser una nota al pie y pasa a ser geopolítica pura.
Quinto, la gubernamentalidad del relato. El Gobierno insiste en que el Estado “no es parte” del deal OpenAI-Sur Energy. Sin embargo, toda la infraestructura crítica —de líneas de alta tensión a potencia base— depende de decisiones estatales y, potencialmente, de actores públicos-privados como NA-SA. Si el acuerdo “pide” privatización para cerrar números o gobernanza, entonces la política energética se negocia en función de un Memorandum de Entendimiento tecnológico. Puede gustar o no, pero es un cambio de prioridades monumental.
Sexto, la conversión de un activo estratégico en colateral. El País ya había contado que Milei coqueteaba con un “Plan Nuclear” para abastecer IA; lindo eslogan, difícil ejecución. Hoy el atajo parecería ser vender una parte de la joya (NA-SA) para ofrecer señales de control privado a un proyecto que necesita contratos ultra-previsibles. Con o sin venta, lo que está en juego es quién manda sobre la energía de base y a quién se le promete primero.
Séptimo, el riesgo Sur Energy. Si sale todo bien, será el integrador local de la obra del siglo. Si no, habremos cedido activos y beneficios a cambio de una carta de intención que puede no convertirse en inversión ejecutada. Medios especializados hablan de Cartas de Intención, no de cierre financiero. Y ya sabemos cómo terminan los powerpoints sin gastos de capital cuando la macro se mueve.
Octavo, la política real. La oposición intentó cerrar la puerta a la privatización de NA-SA y no llegó (aún). El oficialismo festejó el “Stargate” y, en paralelo, empuja para congelar el Senado. En ese cruce se juega si Altman se llevará megavatios “seguros” a 20 años o si la soberanía nuclear sigue siendo palanca de desarrollo (reactores, exportaciones, tecnología) y no un anexo de un data center. En buen criollo: si vendemos la vaca para comprarle al tambero el sachet.
Noveno, la traducción del negocio. OpenAI promete puestos calificados y un “hub” de IA. Bien. Pero la envergadura energética que pide el campus equivale a una central mediana dedicada. Si a cambio el país pierde control de un activo nuclear y regala rentas y exenciones, el saldo puede ser positivo para el datacenter y negativo para la seguridad energética. La IA no reemplaza el kilovatio; lo encarece si se prioriza al cliente “premium” frente al sistema.
La conclusión incómoda es simple: no hace falta estar en contra del datacenter para advertir que la factura puede ser entregar control sobre la energía estratégica y privatizar flujo de caja de NA-SA en nombre de un proyecto que aún no tiene cierre financiero. Si el precio de “traer a Altman” es vender atado el corazón del parque nuclear y mover piezas del uranio para agradar a socios externos, el titular real no será “llega el futuro”, sino “nos quedamos sin palancas”. Y en energía, sin palancas no hay soberanía: hay power purchase agreements (contrato de compraventa de energía) con jurisdicción ajena.
