La piedra en el estanque la tiró la izquierda, pero las olas ya llegan a todos lados. Myriam Bregman anunció que irá a la Justicia Federal Electoral para que el equipo de Patricia Bullrich explique aportes de campaña 2023 por $215 millones de pesos provenientes de empresarios ligados al expediente “Machado” en Texas. ¿Quiénes? Los dueños de Lácteos Vidal (el clan Vidal Bada Vázquez, célebres por el “Movimiento Antibloqueos” que tanto Bullrich como Florencia Arietto difundieron en más de una ocasión), que figuran con una decena de transacciones en la causa estadounidense y, además, aportaron a la campaña de Bullrich. Por ahora, es un planteo formal que pide documentación y trazabilidad; pero el encuadre es explosivo.
¿Por qué importa esa conexión? Porque el caso Federico “Fred” Machado dejó de ser un rumor para convertirse en documentos. En total se detectaron transferencias por más de 3 millones de dólares entre ambos grupos empresariales (Lácteos Vidal y Wright Brothers Aircraft Title Inc. de Machado) en apenas dos años, bajo conceptos de compra y alquiler de aviones.
En Estados Unidos hay papers judiciales y registros bancarios que ya hicieron caer candidaturas y alineamientos locales. El capítulo más nítido es José Luis Espert: archivos del Bank of America incorporados a la causa en Texas registran una transferencia de US$ 200.000 abonada desde la estructura de Machado hacia el actual diputado. Espert lo admitió —y dijo que fue por una consultoría para una minera guatemalteca—, pero el dato duro quedó asentado y tuvo que renunciar a su candidatura a diputado bonaerense y su presidencia en la comision de Presupuesto.
Ese rastro financiero tiene una derivación política incómoda para Bullrich. La Nación reveló, además, que en junio de 2019 Espert firmó con Machado un contrato por US$ 1 millón apenas dos semanas antes de lanzar su candidatura presidencial de aquel año. La discusión pública ya no es “si existió vínculo”, sino qué naturaleza tuvo y quién lo sabía.
Acá entra el tercer vértice: qué sabía el Estado argentino. Un informe del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) detalla que el Ministerio de Seguridad conocía desde 2021 los aportes de Machado al armado de Espert. La ministra dijo ahora que “estaba en la Justicia”, pero igual queda la pregunta obvia: si sabían que un empresario acusado por narcotráfico y lavado irrigaba dinero en la política local, ¿por qué nadie prendió la alarma pública?
Con ese telón de fondo, la línea que une Lácteos Vidal con Bullrich 2023 es el punto a esclarecer. Los Vidal Bada Vázquez aparecen en los registros financieros del caso Machado y, a la vez, figuran como aportantes “en blanco” de la campaña presidencial de JxC en 2023; por eso Myriam Bregman pedirá que el juzgado requiera comprobantes, extractos y beneficiarios finales. La hipótesis a testear es simple: ¿hubo ingreso indirecto de fondos “manchados” vía donantes formales? Hoy es una denuncia/solicitud de investigación con asidero documental, pero sin resolución judicial.
Son muchas las líneas que asocian a los Bada Vázquez con flujos vinculados al expediente texano contra Fred Machado, aunque las piezas todavía son heterogéneas. Sitios y cables locales difundieron listados de transferencias entre firmas del grupo argentino que apoyó a Bullrich en su frustrada aventura presidencial y compañías del ecosistema Machado (Wright Brothers, etc.). El riesgo de incendio existe y hay fuego en el caso Espert: falta ver si el viento lleva chispas hasta la tesorería de Bullrich 2023.
En términos judiciales, no hay sentencia ni imputación firme contra Bullrich por financiamiento narco; sí hay un pedido de investigación electoral y elementos verificados en el caso Espert que justifican seguir la ruta del dinero. La frontera entre “aporte legal” y “origen ilícito” se define con pericias y oficios, no con declaraciones. Si la UIF y la Justicia cruzan donantes con operaciones internacionales y proveedores pueden confirman el puente y estaremos frente a algo más que “un escándalo mediático”.
Una ministra de Seguridad que construyó su marca en la mano dura aparece rodeada de interrogantes financieros y eso no ayuda a su candidatura a Senadora por la Ciudad de Buenos Aires. La ironía se escribe sola: mucha requisa en la esquina y poca lupa a la hora de recibir fondos. Si de verdad “no sabían”, queda la incompetencia; si sabían “pero ya estaba en la Justicia”, queda la omisión. En ambos casos, el estándar que Bullrich exige a los demás hoy la alcanza a ella.
¿Qué debería venir ahora? Tres cosas básicas y verificables: (1) el juzgado electoral requiriendo los legajos de aportes 2023 (CABA y nacional) y extractos; (2) la UIF abriendo sumario para cruzar transferencias del caso Texas con CUIT/CVU de los donantes locales; (3) si hay incompatibilidades o origen sospechoso, derivación a penal económico por lavado y financiamiento político ilícito. Hasta que eso ocurra, lo honesto es decirlo sin eufemismos: hay indicios serios, hay pruebas duras en la órbita Espert y preguntas incómodas para la campaña de Bullrich que ya no admiten silencio.
Un último apunte para el lector de VEM: esto no va de grietas; va de instituciones. Cuando el DHS y bancos de EE.UU. documentan transferencias ligadas a un esquema narco que tocó campañas argentinas, el estándar mínimo es explicar, abrir libros y responder. Si todo fue legal, se verá. Y si no, también. Por ahora, el título se sostiene como hipótesis fuerte con base documental: empresa vinculada a Machado financió (al menos parcialmente, vía donantes formales) la campaña presidencial de Patricia Bullrich. Falta que la Justicia trace la línea completa entre los puntos.
