Javier Milei fijó en su perfil X un texto que empieza como panfleto y termina como tesis: “CLARÍN: LA GRAN ESTAFA ARGENTINA”. Asegura que el grupo quiere quedarse “con el 70% de las telecomunicaciones” y que su gobierno no lo va a permitir. Es un grito de guerra con timing quirúrgico: justo cuando la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) objetó la compra de Telefónica por parte de Telecom (controlada por los accionistas de Clarín) y el expediente quedó en la mesa presidencial. Si hay pelea, que sea en primer plano. Si hay decisión administrativa, que llegue con épica.
El choque tiene algo de reality y mucho de trámite. De un lado, la narrativa libertaria del David anti-monopolios. Del otro, un proceso de control de concentraciones que, por ley, debe sopesar cuotas de mercado, espectro y competencia efectiva. No es un like, es un dictamen. Por eso la propia CNDC escribió en junio que la operación eliminaría a uno de los tres operadores móviles, dejaría un mercado altamente concentrado entre dos y produciría excedentes de espectro por encima de los topes regulatorios, además de riesgos en Internet fija, telefonía y empaquetados. Es decir: hay materia técnica antes de la pelea que pelea tuitera.
La cronología también pincha el globo. En febrero, Telecom anunció la compra del negocio argentino de Telefónica por US$ 1.245 millones. En marzo, el Gobierno suspendió preventivamente la operación con base en la recomendación de Competencia. En agosto, la empresa presentó sus descargos y ofreció “remedios” para mitigar la concentración. Mientras tanto, Milei convirtió el caso en bandera personal y Clarín se bancó la tormenta mediática sin prender fuego los puentes que importan. Es una guerra rara: el Presidente tuitea, la autoridad evalúa, la empresa negocia.
¿Controlaría “el 70%” de todo lo que usamos si la compra quedara en pie? Los informes periodísticos y oficiales hablan de niveles de concentración muy altos en determinados servicios y regiones, con escenarios de 58–61% en móvil si se integra Movistar a Personal, posiciones dominantes en telefonía fija e Internet residencial en más de cien localidades y ventajas inalcanzables en cuádruple play. La foto exacta depende de cómo se mida y qué remedios se impongan, pero la preocupación no nació en un meme. Igual, conviene distinguir: el posteo presidencial vende un “todo” homogéneo que la regulación trocea por servicio, banda y territorio. Ahí está la diferencia entre la consigna y el expediente.
El profesor Martín Becerra lo resumió sin estridencias: Milei quedó empoderado electoralmente y ahora debe decidir si aprueba la compra, con una CNDC que ya objetó y con un lobby empresarial dispuesto a aceptar condiciones. La tensión política existe, pero el desenlace probable (si se aprueba) será con desinversiones, límites de espectro y remedios competitivos. La épica anti-Clarín, en cambio, funciona mejor para el prime time: si la operación se condiciona, el Presidente dirá que “le torció el brazo a los monopolios”. Si se rechaza, dirá que “defendió a los argentinos”. Si se aprueba con mitigaciones, dirá que “evitó abusos”. Gane quien gane, el discurso está escrito.
La hipótesis incómoda es otra: ¿no le garpa a Clarín esta pelea “de pico”? Un gobierno que blande el discurso anti concentración mientras desarma regulaciones sectoriales y promueve desregulación general puede resultar más cómodo que un gobierno que te obliga a desinvertir por ley y te revisa la integración entre medios y redes. El grupo conoce el paño: sobrevivió a la Ley de Medios, absorbió Cablevisión, navegó la convergencia y hoy apuesta a escalar en telecomunicaciones. En ese tablero, el riesgo mayor no es un hilo en X, sino la letra chica del acto administrativo. Y ahí Clarín, históricamente, prefiere negociar antes que dinamitar.
El Presidente, de paso, reabrió la caja de Pandora de 2002–2003: la devaluación y la Ley 25.750 de “Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales”. Milei la cita como salvataje a medida. Los académicos la estudian como pieza de una coyuntura crítica donde el Estado buscó evitar que capitales extranjeros tomaran control de medios en default. La ley existió, los beneficios existieron y el debate también: si fue proteccionismo justificable o blindaje selectivo. El punto no es romantizar nada, sino admitir que los conflictos Clarín–Estado se resuelven con normas, no con memes del Gordo Dan. Hoy no debería ser distinto.
En paralelo, el ecosistema móvil argentino sigue siendo de tres jugadores que concentran prácticamente todo: Claro, Movistar y Telecom-Personal. Cualquier operación que reduzca de tres a dos exige bisturí regulatorio porque altera precios, inversiones y cobertura en un país con brechas de conectividad enormes. Por eso Competencia advierte en rojo los excedentes de espectro y los riesgos de paquetes convergentes con un único actor nacional. No hace falta creerle a ningún columnista: alcanza con leer el informe oficial y, si se quiere, los papers que muestran que más concentración no siempre trae más fibra ni mejores tarifas.
¿Entonces pelearse con Clarín “le garpa” a Milei? Sí, si de comunicación hablamos. Lo vuelve paladín contra “los poderosos” justo cuando necesita explicar salarios que no alcanzan y recesión con inflación. De alguna forma lo acerca más a Trump, que siempre se peleó con los grandes medios de comunicación.
Pero el beneficio político es reversible: si la decisión final luce acomodada al interés privado, el hilo épico quedará como ruido; si luce punitiva sin sustento técnico, la Justicia comercial y la autoridad de competencia europea/latinoamericana serán testigos convidados. La única salida prolija es la que detesta la TV: acto fundado, remedios claros y seguimiento público. Todo es espuma libertaria, que se la pasaron diciendo que el mercado no cometía errores y ahora descubrieron la palabra «monopolio».
Para quienes creen que el Gobierno realmente va por todo contra el holding, un recordatorio útil: cuando el Estado se puso creativo contra Clarín, terminamos con dirigentes perseguidos por ridiculeces que, por contraste, exhiben la vara. La Corte Suprema dejó firmes dos condenas contra Guillermo Moreno (una por “cotillón anti-Clarín” y otra por su conducta en Papel Prensa) con inhabilitación perpetua para cargos públicos. No fue un jaque a Moreno: fue un mensaje disciplinador hacia la política. Una cosa es “golpear al poder” (Ley de Medios) y otra pelea es la que se queda en el posteo.
Hay, por supuesto, una lectura de intereses cruzados. Clarín puede preferir un oficialismo que le marque la cancha en redes y le ajuste la operación con remedios, antes que uno que reescriba el marco de medios y telecomunicaciones e invente una autoridad con poder de acción. Y el Gobierno puede preferir un antagonista permanente para explicar cada suba, cada licencia, cada multa y cada tarifazo, pero que en ningún caso va al hueso. En ese matrimonio por conveniencia, la pelea sirve: ordena fieles, tapa ruidos y aplaza lo urgente. La política pública, en cambio, no espera: hay que decidir si se aprueba, condiciona o rechaza la compra de Telefónica por Telecom. Lo demás, como siempre, es editorializable.
