El Tribunal Oral Federal N.º 1 de Rosario absolvió a los 17 imputados por delitos de lesa humanidad cometidos contra obreros metalúrgicos y ferroviarios de Villa Constitución en 1975. Entre los acusados había quince ex policías federales, un ex policía provincial y dos ex jerárquicos de Acindar, Roberto José Pellegrini y Ricardo Oscar Torralvo. La sentencia —adoptada por mayoría— cerró casi dos años de debate oral iniciado a fines de 2023 y dejó en shock a sobrevivientes y organismos que ya anticipan apelaciones.
Para entender por qué duele, hay que volver a aquella ciudad fabril a orillas del Paraná. “El Villazo” nombra la irrupción de una democracia sindical de base que en 1974-1975 desbordó a la conducción metalúrgica tradicional y parió una experiencia de listas combativas en Acindar y el cordón industrial. Según ATE Rosario, fue una gesta obrera y popular que reunió a portuarios, aceiteros, ferroviarios, comerciantes, barrios enteros; una mayoría que, por unos meses, se animó a mandar en su propio trabajo.
El 20 de marzo de 1975, el Estado respondió con un operativo de ocupación: fuerzas federales y provinciales coparon Villa Constitución en una columna interminable de camiones, allanaron casas y talleres, detuvieron a centenares, golpearon comisiones internas, cortaron la trama sindical que venía creciendo. La represión fue presentada como “Serpiente Roja del Paraná”, bajo el gobierno de Isabel Perón, y contó con la participación de grupos paraestatales que luego serían parte del terror sistemático de la Triple A, durante el gobierno peronista y del plan sistemático de desaparición y tortura de la dictadura de 1976. El antecedente quedó anotado por la historiografía como ensayo general de lo que vendría.
Casi medio siglo después, el juicio por aquellos hechos reunió testimonios, reconstruyó operativos, señaló responsabilidades de fuerzas de seguridad y jerarquías civiles. En el banquillo se sentaron ex federales y provinciales, y los ex directivos de Acindar, la pata civil de la dictadura. Las querellas hablaron de secuestros, tormentos y homicidios que abrieron la puerta a la maquinaria del terrorismo de Estado en la región. La sentencia de absolución no borra esa memoria: apenas la confronta.
Volvamos al presente. El veredicto absolvió a todos los imputados, incluidos Pellegrini y Torralvo, para quienes la fiscalía había pedido perpetua por ocho homicidios agravados, 29 privaciones ilegales de la libertad y tormentos, además de asociación ilícita. El tribunal estuvo integrado por Ricardo Moisés Vásquez, Otmar Osvaldo Paulucci y Germán Sutter Schneider; la decisión fue por mayoría. Las querellas y la APDH calificaron el resultado como “fallo vergonzante” y adelantaron que recurrirán.
El detalle procesal importa: el juicio se centró en delitos contra 67 trabajadores del complejo industrial y ferroviario de Villa Constitución, con un centenar de testimonios recolectados desde noviembre de 2023, en un momento que en el país se debate las reformas laborales. El cierre, comunicado este 4/5 de noviembre, sacudió a Rosario y al cordón industrial: para familiares y sobrevivientes, la sentencia expresa un “clima político” que retrocede en estándares de justicia transicional; para el tribunal, las pruebas no alcanzaron para condenar. La disputa seguirá en Casación.
En términos cívicos, el mensaje es nítido y por eso inquieta: cuando un país absuelve a todos los acusados de un capítulo emblemático de su represión pre-dictadura, no sólo dicta una resolución judicial. También emite una señal sobre qué memorias merecen amparo estatal. Villa Constitución, que alguna vez fue la ciudad donde obreros comunes se atrevieron a disputar el mando, hoy vuelve a ser el lugar donde la justicia se mide con el espejo de su tiempo.
