En Johannesburgo, la reunión ministerial de igualdad del G-20 terminó sin declaración consensuada y con nombre y apellido para la piedra en el zapato: la delegación argentina. La ministra española Ana Redondo acusó públicamente a Argentina de bloquear un texto que promovía liderazgo femenino, inclusión financiera, acceso a la propiedad y compromisos contra violencia y brecha salarial. Al final, hubo un pronunciamiento de presidencia que todos respaldaron menos Argentina. Clima de época, segunda parte.
No es un rayo en cielo sereno. En octubre de 2024, Argentina ya había sido el único país del G-20 que se negó a firmar la declaración de empoderamiento de mujeres impulsada por Brasil. La decisión tensó la relación con el anfitrión y quedó registrada por la prensa internacional y los comunicados oficiales como una anomalía que abría una grieta donde en el resto de la mesa había consenso. Doce meses después, el patrón se repite con otra presidencia y en otro continente.
La Casa Rosada, entonces, había ensayado un libreto: disentir con partes de los documentos multilaterales pero dejar que los demás los adopten. El nuevo episodio sube un escalón, del “disenso” a la acusación directa de “bloqueo”, y lo hace en un grupo de trabajo específico —Empoderamiento de las Mujeres— que Sudáfrica situó en el centro de su presidencia. Ese desplazamiento semántico importa: no es lo mismo marcar distancia que trabar el cierre de una agenda hoy considerada central por las economías del G-20.
El espejo doméstico ayuda a entender el giro. En 2024 el Gobierno disolvió el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad —primero degradado, después clausurado— y avanzó con el cierre del INADI, todo bajo el paraguas de un “achicamiento del Estado” celebrado en clave ideológica. Es difícil sostener afuera compromisos que adentro se desmontan: lo multilateral, al final, es un reflejo del organigrama y del presupuesto.
Los números explican lo que el discurso edulcora. Organizaciones como ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.) y ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género) documentaron caídas profundas en el financiamiento de las políticas de género: la Línea 144 perdió dos tercios de su presupuesto en 2024 y volvió a recortar en 2025. El Programa Acompañar quedó virtualmente desactivado, con una reducción cercana al 90% y una cobertura que pasó de más de cien mil personas a apenas cientos.
En el frente normativo, el oficialismo avaló intentos de derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, una ofensiva que no prosperó legislativamente pero marcó territorio cultural y empalma con las fricciones que emergen en el G-20 cuando un texto menciona derechos sexuales y reproductivos. Lo único rescatable es la coherencia.
La retórica presidencial terminó de enmarcarlo. Desde Davos hasta actos locales, Javier Milei hizo de la denuncia contra el “wokeismo” y la “ideología de género” una marca de identidad. Las respuestas no tardaron: marchas, pronunciamientos y una conversación pública cada vez más polarizada en torno a diversidad, feminismos y no discriminación.
Volviendo a esta semana, el texto que naufragó en Sudáfrica no inventaba la pólvora: proponía reforzar liderazgo de mujeres en la toma de decisiones, cerrar brechas de acceso al crédito y la propiedad, atacar la violencia de género y sostener presupuestos con perspectiva de género. La presidencia sudafricana, apoyada por múltiples actores, presentó la agenda como parte del corazón económico del G-20 —no como un capítulo accesorio—, lo cual explica la frustración de varios miembros ante el bloqueo.
El costo de esta acción no se mide sólo en titulares. Una Argentina que rompe consensos donde antes construía puentes pierde influencia para otras negociaciones y se vuelve previsible en el peor sentido: se sabe de antemano qué párrafos vetará, qué mesas evitará y qué alianzas no cultivará. En un foro donde el capital político se acumula a fuerza de compromisos cruzados, convertir la agenda de género en un campo de batalla permanente deja menos margen para todo lo demás.
El patrón, visto en secuencia, es simple: en 2024 Argentina fue la excepción que no firmó. En 2025 fue la delegación señalada por frenar el consenso. En el medio, se desarmó institucionalidad, se licuó presupuesto y se azuzó una retórica que convierte derechos en epítetos. Lo que pasa en Johannesburgo no “sorprende”: encaja. Y deja una pregunta incómoda para el futuro inmediato: ¿cuánto más aislamiento está dispuesta a pagar la diplomacia argentina por sostener una batalla cultural que, incluso entre socios conservadores del G-20, ya no discuten?
