En la saga de la criptomoneda $LIBRA ya estamos bastante más allá de “¿hubo estafa?” y metidos de lleno en “¿quién manda acá?”. La Comisión Especial Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN) anunció que en su informe final va a proponer denunciar por mal desempeño al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y al fiscal federal Eduardo Taiano. Traducido: el Congreso acusa a Comodoro Py de ponerle doble traba a una investigación que toca al Presidente, mientras la Justicia responde con su clásico “circulen, acá no hay nada que ver, sobre todo ustedes”.
Para entender cómo llegamos a que un token con logo de memecoin provoque casi una crisis institucional, hay que rebobinar. El 14 de febrero, en plena subida de imagen y a pocos puntos de que el Riesgo País baje de los 500 puntos, Javier Milei tuiteó extasiado sobre una flamante criptomoneda, $LIBRA, creada minutos antes en la red Solana. Bastó el guiño presidencial para que el precio se disparara hasta rozar los 4,7 dólares y, en pocas horas, se desplomara por debajo de 0,20.
Algunos lo llamaron “rug pull”, otros “criptoestafa con bandera celeste y blanca”; los damnificados hablaron de más de 40.000 billeteras afectadas y pérdidas que, según el cálculo, llegan a decenas o cientos de millones de dólares. Una belleza de innovación financiera: ganan unos pocos con información y timing, pierde una multitud que creyó que el Presidente no iba a tuitear cualquier cosa.
El papelón fue tan grande que la propia Cámara de Diputados terminó creando una Comisión Especial Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA con 128 votos a favor, algo así como un acuerdo nacional mínimo de que “esto, por lo menos, hay que mirarlo”. La comisión funciona como una mini fiscalía parlamentaria: convocó a exchanges, pidió informes a organismos públicos, cruzó movimientos en la cadena de bloques y hasta siguió la pista de otros tokens gemelos como $KIP, con el mismo mecanismo de siempre: hype, suba, salida de los vivos y derrumbe. Después de meses de reuniones (algunas con testigos, otras con sillas vacías donde deberían estar funcionarios como Francos o Karina Milei) la comisión ya tiene listo un informe final que se presentará entre el 17 y el 18 de noviembre.
La integración del cuerpo explica por qué al oficialismo le cuesta venderlo como “opereta K”. Según la nómina oficial, la preside Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y la secretaría está en manos de Juan Marino (Unión por la Patria), pero adentro se sientan, todos juntos y revueltos, diputados de Unión Cívica Radical (UCR), Propuesta Republicana (PRO), La Libertad Avanza (LLA), Coalición Cívica (CC), Encuentro Federal, PTS–Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U), Innovación Federal y otros sellos provinciales. Es decir, la comisión es una especie de zoológico multipartidario donde libertarios, kirchneristas y radicales coinciden en algo rarísimo: que lo de $LIBRA huele tan mal que no se puede dejar sólo en manos de la familia judicial de siempre.
El choque con la Justicia se concentra en dos reproches que la comisión repite como mantra. Primero, señalan que el fiscal federal Eduardo Taiano, titular de la Fiscalía N.º 3 del Ministerio Público Fiscal (MPF), se negó a dar acceso irrestricto al expediente, escudándose en el secreto de sumario: traducción, “les doy lo que quiero, cuando quiero y como quiero”.
Segundo, apuntan que el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 8, rechazó que Diputados pueda pedir el auxilio de la fuerza pública para que los funcionarios que se hacen olímpicamente los distraídos (la secretaria de gobierno Karina Milei) se sienten en una silla y respondan preguntas. Para la comisión, el resumen es sencillo: el Gobierno bloquea de un lado, la Justicia del otro, y en el medio la verdad sobre $LIBRA se va licuando en tecnicismos, mientras la avasallante agenda política nacional e internacional va distrayendo la atención sobre otros temas.
Claro que, desde los pasillos de Comodoro Py, la versión suena mucho más solemne. Se habla de “medidas de prueba en curso”, de la necesidad del secreto para no frustrar allanamientos y pericias, y de que el Congreso no puede transformarse en una segunda instrucción penal transmitida por streaming. Es el clásico “dejen trabajar a la Justicia” por más que sea una tortuga, ahora aplicado a un esquema donde el Presidente primero se sacó fotos simbólicas con la cultura cripto, después borró su tuit de orgullo y ahora hace como si hubiera recomendado una receta de cocina. El problema no es que la Justicia quiera cuidar la causa; el problema es cuando la expresión “cuidar la causa” se parece demasiado a “cuidar al causante”.
La elección del blanco no es inocente. Marcelo Martínez De Giorgi no es un juez ignoto al que le cayó $LIBRA de casualidad. Es el titular histórico del Juzgado Federal N.º 8, con más de tres décadas en el Poder Judicial, ex secretario de Cámara, hombre curtido en las lógicas del fuero. Pasó por causas como Sueños Compartidos, donde citó a indagatoria a Julio De Vido, Jorge Capitanich y Hebe de Bonafini, y por expedientes de obra pública, ONCCA y soterramiento del Sarmiento.
Organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) lo describieron hace años como un juez “tiempista”. De esos que nunca archivan escandalosamente, pero tampoco tienen apuro por llegar a ningún lado si en el camino hay poder político involucrado. Es el tipo de magistrado ideal cuando el sistema necesita que algo “siga su curso” sin llegar jamás a la puerta de embarque.
Del lado del Ministerio Público Fiscal, Eduardo Taiano tampoco es un recién llegado. Fiscal federal desde los noventa, a cargo de la Fiscalía N.º 3, fue parte de las investigaciones del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), viene de la unidad especial para crímenes de lesa humanidad y, más recientemente, firmó el dictamen que insistió en la hipótesis de homicidio en la muerte de Alberto Nisman, vinculada a la denuncia por el Memorándum con Irán.
También pasó por causas de Papel Prensa y otros expedientes donde se mezclan inteligencia, poder político y grandes medios. Sus defensores hablan de temple y prudencia. Sus críticos, de una habilidad notable para poner causas sensibles en cámara lenta. Que justo él sea quien administra el grifo de información sobre $LIBRA, para la comisión, no parece una casualidad cósmica.
Cuando la comisión anuncia que va a denunciar a Martínez De Giorgi, está diciendo que llevará su nombre al Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN). Es decir: presentarán una denuncia por mal desempeño, la Comisión de Disciplina y Acusación del CMN debería tratarla, y si algún día los planetas se alinean, el plenario podría acusarlo ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, que en teoría puede destituirlo. En teoría. En la práctica, el propio Consejo archivó 176 denuncias contra jueces en una sola sesión en agosto de 2024, lo que da una idea de cuán empinada es la cuesta.
Con el fiscal Eduardo Taiano, el camino es otro, pero igual de inclinado. La Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación establece que cualquier pedido de jury tiene que pasar primero por el Procurador General. Si el Procurador decide mover la ficha, recién ahí se arma el expediente ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal, que hace un juicio oral y público.
Es decir, antes de llegar a los jueces del jury hay que convencer a otro funcionario del sistema de que vale la pena tocar a un fiscal que lleva décadas navegando en aguas turbulentas sin mojarse demasiado. Un mecanismo perfecto: da la sensación de control republicano, pero en la realidad funciona como chaleco antibalas institucional para casi todo el mundo judicial.
Mientras las instituciones se miran con cara de póker, el caso $LIBRA se sigue moviendo por afuera. La empresa Circle, emisora de la stablecoin USD Coin (USDC), congeló más de 57 millones de dólares en criptoactivos vinculados a direcciones sospechadas de haber participado en la estafa, una forma elegante de decir “esto tiene olor raro, mejor no lo dejamos circular”. En Nueva York ya hay demandas colectivas en marcha contra los creadores del token y contra quienes le dieron legitimidad política.
En Argentina, la jueza federal María Servini abrió una causa por estafa y asociación ilícita en la que se menciona directamente a Javier Milei y a su hermana Karina, y donde los querellantes hablan de miles de millones de dólares evaporados. Lo que empezó como “una recomendación del Presidente” terminó siendo un perfecto caso de estudio sobre cómo no mezclar el sillón de Rivadavia con la cultura de la timba cripto.
En ese contexto, la comisión parlamentaria intenta no quedar como un mero comité de quejas. El informe final que presentará en el Salón Delia Parodi no sólo reconstruye la ingeniería de $LIBRA y $KIP, sino que será mandado a los tribunales como “aporte” y, sobre todo, funcionará como base para un eventual pedido de juicio político a Javier Milei por mal desempeño, algo que Unión por la Patria ya adelantó que promoverá.
El oficialismo grita que es un circo armado para desgastar al gobierno. La oposición responde que, si no existiera este archivo paralelo, el escándalo podría terminar donde terminan muchas causas de alto voltaje: en un estante alto de Comodoro Py, etiquetado con prolijidad y olvidado con devoción.
Al final, la “lucha de poderes” no se resume a ver si algún día Martínez De Giorgi o Taiano se sientan frente a un jurado de enjuiciamiento. Lo que se está discutiendo es quién pone el límite a un experimento donde un Presidente promociona una memecoin que hace ricos a unos pocos y pobres a un montón, y luego el sistema se pregunta muy serio si eso es política económica, marketing desafortunado o directamente delito.
El Poder Ejecutivo, que primero jugó al influencer cripto, el Poder Judicial, que administra el tiempo y la opacidad del expediente y el Poder Legislativo, que intenta armar el rompecabezas a la vista de todos, chocan en una trama que mezcla blockchain, lawfare y el viejo deporte nacional de la impunidad. Que una simple comisión investigadora termine denunciando a un juez y a un fiscal dice bastante sobre el estado real de la República, donde las leyes sancionadas por el Congreso son ignoradas por el ejecutivo una y otra vez. El resto lo dirá alguna de las investigaciones sobre el token milagroso que prometa salvar la economía con tres clics y un tuit presidencial.
