La cruzada oficial por la «Memoria Completa» tiene una amnesia selectiva, que hubiera pasado desapercibida sin la participación de una legisladora de izquierda. El relato que busca equiparar la militancia con el genocidio estatal tropezó esta semana con un nombre incómodo: Patricia Bullrich. En la audiencia por la causa de la bomba en la Superintendencia de Seguridad Federal, la abogada Myriam Bregman dejó al descubierto el mecanismo. «Tuvieron que elegir nombres rimbombantes», denunció. Y soltó el spoiler: uno de esos nombres que después desapareció del expediente era el de la exministra y actual senadora oficialista. Parece que el primer indulto de esta gestión no fue presidencial, sino un perdón discreto de oficina.
La historia de esta causa es un manual de operativa política. Se inició el mismo día que el Senado anulaba las leyes de Punto Final. El denunciante fue un ex agente de la PFA asesorado por un ex juez de la dictadura. En 2004, su informe mencionó a Bullrich, vinculándola con la «agrupación terrorista». Pero la causa fue archivada tres veces. La justicia de entonces no se tragaba el cuento de que esos hechos fueran crímenes de lesa humanidad ni la teoría de los dos demonios. Otros tiempos.
Todo cambió cuando cambiaron los vientos políticos. El impulso definitivo llegó en 2021 de la mano de asociaciones de abogados de represores condenados. Hasta el represor Eduardo Kalinec, condenado a perpetua, se presentó como querellante. Esta vez, la misma Cámara que antes archivaba la causa decidió reabrirla. Qué casualidad, justo cuando la «memoria completa» encontró su herramienta judicial perfecta. Una herramienta que, eso sí, viene con una indulgencia papal pre-aplicada para algunos nombres.
Aquí es donde entra en escena la arquitecta jefa de esta cruzada: Victoria Villarruel. La vicepresidenta y abanderada del relato de la «memoria completa» hizo su entrada en este mismo expediente en 2009. Lo hizo como presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV). Su lucha es por «verdad, justicia y reparación» para las víctimas de la guerrilla. Un objetivo que, curiosamente, nunca aplica con el mismo fervor para exigir que los genocidas digan dónde están los nietos que faltan o los cuerpos, como los que se encontraron en La Perla recientemente. Su doctrina parece ofrecer una redención selectiva.
La doble vara es el corazón del negocio. Para los militantes de los 70, basta una denuncia vieja y archivada para exigir condenas ejemplares. Se les pide una rendición de cuentas minuciosa por actos en un contexto de lucha armada asimétrica. Para los genocidas, en cambio, jamás verás a estos paladines exigir con la misma furia que revelen el destino de los miles de desaparecidos. Equipar al que ponía una bomba con el Estado que tenía una máquina de exterminio industrial y control de documentación total es el verdadero «empate» que buscan. Un empate donde, sin embargo, ya hubo un indulto de facto para la figura clave.
El detalle de Bullrich no es un error de guión. Es la prueba de la hipocresía. La propia Villarruel, cuando impulsaba esta causa, tenía como abogado patrocinante a Carlos Manfroni. ¿Y quién era Manfroni años después? Nada menos que el jefe de gabinete de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. Los caminos aparecen solos. Los mismos que hoy persiguen causas, ayer tenían en la mira a quien hoy es su aliada. Pero la memoria se actualizó, el nombre de Bullrich fue desindexado y la operación siguió su curso. Un indulto administrativo, sin firma en el Boletín Oficial. Indulgencia de la pata civil de la dictadura.
Nunca está de más recordar que Bullrich tiene un pasado que sus nuevos socios preferirían olvidar. Su cuñado era Rodolfo Galimberti, uno de los líderes de Montoneros. Según investigaciones, participó en operativos de la organización usando el seudónimo «Carolina Serrano». Incluso formó parte de la «Mesa Promotora del Peronismo Montonero Auténtico» en el exilio. Su primer marido fue miembro de Montoneros y secretario de Galimberti. Y dos de sus novios de juventud, Juan Manuel Puebla y Ernesto Fernández Vidal, fueron desaparecidos por la dictadura. Un currículum que, en cualquier otro, justificaría el fervor de los fiscales de la memoria completa. Pero aquí se resolvió con un perdón anticipado, que Patricia Bullrich regó con sangre y represiones.
Así funciona el verdadero indulto de la era de la memoria completa. No es el acto solemne y discutido de un presidente. Es el que se ejecuta en silencio, entre expedientes y complicidades. Mientras el gobierno declama que no habrá perdón para los militantes, ya otorgó el más grande y conveniente: el que blanquea el pasado de su propia capitana. Es la indulgencia papal de la nueva fe republicana, una gracia que se concede a los conversos leales. La memoria, entonces, no es completa ni justa. Es, simplemente, un instrumento. Y como todo instrumento de poder, tiene una lista de excepciones. La de Bullrich es la primera y más elocuente indulgencia legal de los últimos tiempos. El resto es puro relato para distraer de la gran absolución ya consumada.
