En 2023, poco antes de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, la política social argentina tenía un patrón que los libertarios consideraban ya agotado: la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar juntos alcanzaban a una porción significativa de las familias más vulnerables, pero no cubrían totalmente ni la canasta básica alimentaria ni llegaban a niveles masivos de cobertura, y su poder de compra estaba muy afectado por la inflación, a la vez que le hacía un agujero a las cuentas fiscales. Aquello era para el relato oficial frentetodista una forma de “contención social necesaria” frente a crisis económicas. Pero con Milei en el poder la dinámica cambió de forma mucho más profunda y contradictoria que lo proclamado en campaña.
Hoy, a diciembre de 2025, el propio Ministerio de Capital Humano reconoce que la AUH alcanza a 4.114.513 titulares, incluidos más de 93 mil beneficiarios por discapacidad, mientras que la Tarjeta Alimentar llega a 2.546.130 familias, cubriendo a más de 4,5 millones de niños. Esa combinación da como resultado más de seis millones de planes sociales activos, una cifra récord en la historia reciente del país y muy por encima de lo que se observaba en 2023.
La enorme expansión de estas transferencias directas desmiente de plano la retórica libertaria que acompañó a la campaña de Milei: lejos de “acabar con los planes”, el Estado pasó a ser un proveedor clave de renta para millones de hogares. Tanto la AUH como la Tarjeta Alimentar corrieron por encima de la inflación mientras salarios y jubilaciones se deterioraban, convirtiéndose en la única variable de ingreso que no perdió capacidad de compra real.
Esa comparación con fines de 2023 es central para entender la paradoja: mientras que bajo el gobierno de Alberto Fernández la asistencia social directa no alcanzaba para cubrir la totalidad de las necesidades básicas y su poder de compra estaba severamente erosionado, con la gestión actual la asistencia no solo se amplió en cantidad de beneficiarios sino que consolidó su cobertura alimentaria y social. Los datos oficiales muestran que el punto más bajo del poder de compra de la AUH fue justamente al cierre de 2023, y desde entonces los montos aumentaron en términos reales, junto con el costo para el tan mentado superávit fiscal a cualquier costo.
Esta expansión ocurre en un contexto económico donde otras fuentes de ingreso se desplomaron. El salario mínimo perdió poder adquisitivo de forma sostenida, cubriendo hoy apenas una fracción de la Canasta Básica Total, mientras que el empleo formal y las jubilaciones sufrieron ajustes reales. Dicho de otra manera: los planes sociales se convirtieron en el blando colchón que amortigua el golpe de un ajuste profundo, pero no en una señal de que el modelo de “mercado libre con Estado mínimo” funcione para otros sectores de la sociedad.
Un informe de la Universidad Católica Argentina señala que, en el contexto de la cobertura de la AUH y la Tarjeta Alimentar, estos programas lograron cubrir históricamente altos porcentajes de la canasta básica alimentaria en 2024 y 2025, muy por encima de lo que ocurría a fines de 2023, cuando esa cobertura apenas alcanzaba alrededor de la mitad de la canasta en muchos hogares.
La expansión de los planes sociales —y su aumento real por encima de los precios— tiene otro efecto tangible: contener tensiones sociales en medio de un ajuste que, de otra forma, habría provocado estallidos de conflictividad. Analistas vinculados al seguimiento de la economía popular señalan que sin esa red de apoyo la indigencia sería considerablemente más alta y la pobreza total se habría disparado. Los que no tenían nada que perder ahora están un poco mejor vía subsidios, mientras parte de la clase media hace aumentar día a día el número de «planeros». Habrá que ver si los subsidiados caídos se toman con tanta paciencia el ajuste y el autoritarismo del gobierno de Milei.
Pero la paradoja política es obvia: mientras la narrativa oficial habla de “terminar con el asistencialismo y achicar el Estado”, la práctica muestra un Estado que sostiene, amplía y refuerza planes sociales, incluso por encima de la inflación, para evitar que la caída del empleo y de los ingresos formales derive en un estallido social. Ese blindaje social es, en los hechos, la contracara de un ajuste que descarga el costo sobre salarios, jubilaciones y clase media, mientras la asistencia directa a hogares vulnerables se mantiene como el principal sostén económico de millones.
Esa tensión explica buena parte de la música política que hoy suena en Argentina: un discurso de Estado mínimo que, frente a la presión social real, termina reforzando los programas de transferencia directa más básicos, garantizando que millones de familias no caigan por debajo de ciertos umbrales críticos de subsistencia, y un Estado que no promueve inversión, empleo o crecimiento salarial o jubilatorio.
En ese sentido, la ampliación de los planes sociales que se ve hoy no es un signo de “Estado mínimo”; es un síntoma de un ajuste que externaliza el dolor sobre trabajadores y clase media mientras reserva al Estado el papel de amortiguador exclusivamente asistencial. Esa contradicción concreta entre práctica y relato es, en términos políticos, uno de los ejes más potentes de la Argentina actual.
