El miércoles pasado, el barrio de Caballito amaneció con un operativo que los vecinos describen como “nunca visto”. Un cordón de 50 policías de la Federal, más de ocho camionetas, un micro y varios móviles más custodiaban la intersección de Miró y José Bonifacio, en CABA. El motivo: una clase abierta de docentes de Filosofía y Letras que reclamaban la aplicación de la ley de financiamiento universitario, que fue doblemente aprobada por el Congreso Nacional. La clase era a metros del departamento de Manuel Adorni, el jefe de Gabinete. Porque los profesores de Filosofía, como se sabe, son un peligro: pueden leer a Foucault en voz alta, discutir la dialéctica del amo y el esclavo, o, Dios no lo quiera, hacer preguntas incómodas sobre cómo un funcionario que pide auditorías para todos los demás se compró un departamento que no declaró.
La presencia de Adorni en el barrio, según los vecinos, no pasaba desapercibida desde hace rato. Un hombre que limpiaba la vereda con un escobillón lo resumió sin vueltas: “Me jode tenerlo como vecino. Un tipo que se llena la boca hablando de lo público y vive del Estado. ¿Cómo se compró un departamento de más de 300 lucas y metió tres meses de reformas?”. Otro vecino aportó un detalle que cualquier persona normal consideraría una anécdota menor: vio al personal doméstico de Adorni haciendo las compras en un auto oficial. Pero en el mundo de los funcionarios libertarios, donde la “austeridad” es moneda corriente y los privilegios se niegan con la misma boca con la que se exige el ejemplo para los demás, esa anécdota se convierte en un síntoma: Manuel Adorni está podrido y la sociedad ya le soltó la mano a su soberbia sin sustento.
El departamento que motivó el despliegue policial tiene su propia historia. Adorni lo declaró en 230 mil dólares por 199,97 metros cuadrados, más cochera, en una de las zonas de mayor valor inmobiliario de Caballito. Fuentes del mercado inmobiliario sostienen que un departamento de esas características cuesta el doble. Pero el dato más jugoso no es el precio: es que Adorni terminó admitiendo en la misma conferencia de prensa donde fue a explicar su vuelo privado a Punta del Este y la presencia de su mujer en el avión presidencial que ese departamento no figuraba en su declaración jurada del año pasado. Es decir: el jefe de Gabinete, el funcionario que se pasó meses pidiendo auditorías para las universidades, el que decía que “la gente merece saber en qué se gasta el dinero de sus impuestos”, compró una propiedad que se olvidó de declarar y que no tiene forma de justificar con sus ingresos.
Ahí está el contraste que los docentes de Filosofía vinieron a señalar con una tiza en la mano. En octubre de 2024, cuando la UBA se presentó ante la Justicia para impedir que el gobierno avanzara con auditorías unilaterales, Adorni posteó en X: “La Universidad de Buenos Aires ha decidido iniciar acciones legales para intentar evitar que se inicien las auditorías que muchos argentinos reclaman. La gente merece saber en qué se gasta el dinero de sus impuestos” . En octubre del mismo año, en una conferencia de prensa, redondeó la idea con una frase que hoy los vecinos de Caballito podrían suscribir sin cambiar una coma: “Si las universidades nada tienen que ocultar, ningún problema debería haber en que se auditen las cuentas” . Ahora, con 50 policías custodiándole el departamento que no declaró, la pregunta que los profesores dejaron flotando en el aire es simple: ¿y usted, señor Adorni, qué tiene que ocultar?
La clase abierta terminó sin incidentes y seguramente se realicen otras hasta que el gobierno cumpla la ley. Los docentes leyeron textos, discutieron presupuesto educativo y se retiraron en paz. Pero la policía no se movió. Media docena de móviles y un micro de la Federal siguieron custodiando la esquina de Miró y José Bonifacio, porque el peligro, al parecer, seguía ahí. Una vecina que pasó por la clase preguntó qué estaba pasando. Cuando le explicaron que todo ese operativo era para cuidarle el departamento a Adorni se indignó: “¿Y para eso les pagamos?”. Los docentes le sonrieron: hubiera sido más fácil aumentarles los sueldos y se evitaban todo esto. Pero en la Argentina de las auditorías selectivas, los sueldos docentes se ajustan, los funcionarios se olvidan de declarar sus propiedades y el Estado pone 50 policías de la Federal a custodiar un departamento que, según el propio Adorni, “la gente merece saber” cómo se pagó. Si las universidades nada tienen que ocultar, ningún problema debería haber en que se auditen las cuentas. Pero cuando el que tiene que auditarse es uno mismo, parece que el problema se vuelve de otro tamaño.
