Mientras el gobierno de Javier Milei se dedica a desfinanciar la ciencia y a perseguir fantasmas, un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Hurlingham y el CONICET acaba de publicar en la prestigiosa revista científica Pharmaceutics un descubrimiento que debería estar en los titulares de todos los noticieros: el cannabidiol (CBD), un compuesto natural del cannabis, combinado con un antibiótico de uso habitual como la colistina, es capaz de eliminar bacterias gramnegativas multirresistentes. Esas bacterias que no responden a los antibióticos convencionales y que, según la Organización Mundial de la Salud, causan más de 700 mil muertes por año en todo el mundo. Un hallazgo de primer nivel, hecho acá, con financiamiento público, y que podría salvar millones de vidas.
El trabajo, liderado por científicos argentinos, demostró en estudios in vitro que la sinergia entre el cannabidiol y la colistina abre una nueva vía terapéutica para infecciones graves que hoy son casi imposibles de tratar. No es un descubrimiento menor: estamos hablando de una potencial solución a una de las mayores amenazas sanitarias del siglo XXI, la resistencia bacteriana, justo cuando la OMS advierte que nos encaminamos a una era post-antibióticos. Y mientras tanto, el gobierno nacional decide que la ciencia no es prioridad, que el CONICET sobra y que las universidades públicas deben ajustarse.
Lo paradójico es que este descubrimiento es exactamente el tipo de desarrollo que el capítulo 4 del libro «10 Industrias Estratégicas» de Leandro Retta describe como el corazón de una política cannábica soberana. Allí se plantea que el cannabis no puede seguir siendo visto como un problema penal, sino como una oportunidad industrial, científica y sanitaria. Se propone la creación de un Instituto Nacional del Cannabis (INCANN) que, con financiamiento propio (por ejemplo, un 15% de la facturación legal no medicinal), impulse la investigación, el desarrollo de fármacos y la industrialización de la planta en todas sus formas. La noticia de la UNAHUR es la prueba más clara de que ese camino es posible: científicos argentinos ya están haciendo la parte más difícil, la de generar conocimiento de punta.
Pero el INCANN que propone el libro no es solo un ente burocrático. Es la herramienta para que descubrimientos como este no queden en un paper, sino que se traduzcan en medicamentos producidos en Argentina, con litio nacional para los equipos, con software local para los sistemas de trazabilidad, con empleo calificado para nuestros técnicos y profesionales. Es el Estado como articulador y potenciador, exactamente lo contrario de lo que hace el gobierno actual, que prefiere desfinanciar al CONICET y recortar becas doctorales mientras las farmacéuticas extranjeras se llevan las patentes y las ganancias.
Lo que la gestión de Milei no entiende –o entiende demasiado bien, según se mire– es que la soberanía sanitaria también se juega en la capacidad de desarrollar nuestros propios medicamentos. Hoy, los antibióticos de última generación son carísimos y están en manos de unas pocas corporaciones globales. Si Argentina logra avanzar en una línea terapéutica basada en cannabis, no solo estaría salvando vidas, sino también generando una industria exportadora de alto valor agregado. El mercado global de medicamentos cannabinoides ya es multimillonario y crece a tasas chinas. Y mientras otros países (Uruguay, Canadá, Alemania, incluso Chile) avanzan con marcos regulatorios claros, acá seguimos discutiendo si el consumo es un delito y si la ciencia pública debe existir.
El fallo Arriola de la Corte Suprema, de 2009, ya dejó claro que el consumo personal en privado no debe ser penalizado. Pero la política de drogas argentina sigue anclada en una lógica prohibicionista que gasta fortunas en perseguir usuarios y pequeños cultivadores –unos 40 millones de dólares por año, según estimaciones– mientras desfinancia a los mismos científicos que podrían convertir esa planta en una industria. La propuesta del libro es clara: lo que hoy es un gasto en represión, podría transformarse en inversión en ciencia y producción. Con el ahorro de dejar de perseguir, más los impuestos a una industria regulada, se podría financiar todo un ecosistema cannábico. Pero claro, para eso hay que creer en el Estado como herramienta de desarrollo, no como un vehículo para los designios de los poderosos.
El descubrimiento de la UNAHUR es también una bofetada a la narrativa de que la ciencia argentina no sirve, de que el CONICET es un nido de ñoquis, de que las universidades públicas son focos de adoctrinamiento. Son esos mismos científicos, con salarios depreciados y presupuestos recortados, los que están poniendo a Argentina en el mapa de la investigación farmacológica mundial. Son ellos los que demuestran que el talento existe, que la capacidad instalada está, que solo falta voluntad política para dar el salto. La pregunta incómoda es: ¿cuántos descubrimientos más se están perdiendo por la falta de financiamiento? ¿Cuántos medicamentos argentinos podrían estar en desarrollo si en lugar de motosierra hubiera planificación? ¿Cuántos tratamientos se generarían si dejáramos de ver al cannabis como algo prohibido?
El contraste entre la noticia y la realidad política es brutal. Por un lado, científicos trabajando con uñas y dientes para producir conocimiento que puede salvar vidas. Por el otro, un gobierno que desprecia ese esfuerzo, que ajusta hasta el hueso, que mira a otro lado mientras el mundo avanza en la industrialización del cannabis. Mientras acá se discute si el aborto o el matrimonio igualitario, la ciencia ya encontró una nueva propiedad terapéutica de una planta que crece en cualquier rincón de nuestro país. Y no pasa nada.
Lo que el capítulo 4 del libro propone es exactamente lo que este descubrimiento necesita para no quedar en la nada: una política de Estado que lo abrace, lo financie y lo convierta en industria. Que cree un instituto como el INCANN, que articule con el CONICET, con las universidades, con el sistema de salud, con el sector productivo. Que ponga a Argentina a la vanguardia de la revolución cannábica, en lugar de mirarla desde afuera. Porque esto no es una utopía: es lo que ya están haciendo otros países. Es lo que podría estar haciendo Argentina si sus gobernantes entendieran que la soberanía también se construye en los laboratorios.
Mientras tanto, el gobierno de Milei sigue empecinado en desarmar el Estado, en desfinanciar la ciencia, en perseguir el consumo. El descubrimiento de la UNAHUR es una prueba irrefutable de que el camino no es ese. Es la demostración de que el cannabis puede ser una industria estratégica, de que los científicos argentinos están a la altura de los desafíos globales, de que el futuro no se importa, se fabrica acá. La pregunta es si vamos a dejar que ese futuro se escape entre los dedos por pura ceguera ideológica. O si, de una vez por todas, vamos a ponernos a trabajar en serio.
