En medio de una crisis económica marcada por la escasez de divisas y la disparada del dólar, el Gobierno nacional anunció una reducción transitoria a 0% de las retenciones a la exportación de productos agropecuarios. Esta medida –calificada como “retenciones cero”– alcanza a todos los granos (cereales y oleaginosas) y se aplicará hasta que se alcance un valor liquidado de US$7.000 millones en exportaciones, o hasta el 31 de octubre próximo, lo que ocurra primero.
El objetivo declarado es “generar mayor oferta de dólares” en el mercado en el corto plazo, incentivando a los productores agropecuarios a vender parte de su cosecha remanente. De hecho, la liquidación de exportaciones del agro se había frenado en julio y agosto tras el fin de un incentivo previo, y se estima que quedaba un stock sin vender valuado en torno a US$10.000 millones. Ante este panorama, el Gobierno acude a una drástica eliminación temporal de impuestos a la exportación para intentar capturar dólares frescos antes de las elecciones.
El Decreto 682/2025 que oficializó la medida (firmado por el presidente Javier Milei y su equipo económico) detalla la letra chica de este “retenciones cero”. La baja abarca todos los cereales (trigo, maíz, cebada, sorgo, etc.) y las oleaginosas (soja, girasol, entre otras), incluyendo sus derivados industriales como harinas y aceites. Para acceder al beneficio, los exportadores deberán liquidar al menos el 90% de las divisas obtenidas por la venta externa dentro de los tres días hábiles posteriores a la Declaración Jurada de Ventas al Exterior (DJVE), otro rasgo de desesperación de la medida que obliga a vender dólares a los exportadores.
La vigencia, como se indicó, es extraordinaria y acotada en el tiempo: finaliza el 31 de octubre de 2025 (días después de las elecciones) o al alcanzarse US$7.000 millones en exportaciones registradas bajo este régimen, lo que ocurra primero. En los considerandos, el Gobierno justifica la medida señalando que los derechos de exportación son un “impuesto distorsivo” que debe reducirse hasta su eliminación total, y busca “fortalecer la estabilidad” macroeconómica incentivando uno de los sectores más dinámicos del país (¿y por qué no lo hacen permanentemente entonces?).
En otras palabras, se trata de una apuesta urgente por liberar las ventas del campo a cambio de una inyección inmediata de dólares, aun a costa de resignar ingresos fiscales.
La eliminación temporaria de las retenciones implica que el Estado dejará de percibir los cuantiosos montos que estos impuestos venían aportando por cada tonelada exportada. Hasta antes del anuncio, regía un esquema reducido de retenciones: por ejemplo, la soja tributaba un 26% de su valor al exportarse, y el maíz un 9,5%, tras las bajas permanentes que el Gobierno implementó a mediados de año. (Otros granos tenían alícuotas similares: el girasol pagaba 5,5%, el sorgo 9,5%, etc.). Al fijar esas tasas en 0% durante la vigencia del decreto, el Estado nacional resigna por completo esa fuente de recaudación en las operaciones de exportación que se acojan al beneficio.
¿Cuánta plata representa esto? Diversos analistas económicos ya calcularon el costo fiscal potencial de la medida. Si se llegara a vender todo el volumen de granos disponibles bajo este incentivo (estimado en unos US$8.100 millones considerando las toneladas de soja y maíz aún sin comercializar), el Estado dejaría de recaudar alrededor de US$1.600 millones en concepto de derechos de exportación.
En la práctica, dado que la normativa impone un tope de US$7.000 millones, la pérdida fiscal efectiva sería algo menor, pero igualmente significativa: en torno a US$1.400 millones de recaudación menos para las arcas públicas si se alcanza plenamente dicho tope (cálculo proporcional sobre la base anterior). Esto equivale a aproximadamente US$200 millones que el fisco deja de percibir por cada US$1.000 millones exportados bajo este esquema de “retención cero”.
En resumen, la desesperada baja de retenciones anunciada puede inyectar divisas urgentes al mercado cambiario para que el dólar no suba tanto, pero a cambio el Estado argentino resignará más de mil millones de dólares en ingresos tributarios que podrían pagar las leyes que le presidente no puede vetar (Discapacidad, Pediatría, Universidad).
Se trata de una decisión extraordinaria que alivia completamente la carga impositiva del sector agroexportador por unas semanas, pero que abre un agujero fiscal de US$1.400 millones considerable en las cuentas públicas de 2025. Resta por ver cómo impactará este sacrificio fiscal en las metas de déficit cero proclamadas por el Gobierno, dado que no se ha explicitado aún cómo se compensará la caída en la recaudación. Las próximas semanas serán un balance entre el oxígeno que estos dólares puedan brindar a la economía y el costo fiscal que conllevan para el Estado nacional.
