Ayer el Senado le dio media sanción a la reforma laboral más regresiva de la historia democrática argentina. Entre las múltiples perlas de la ley, una brilla con luz propia: el fin de las indemnizaciones por despido tal como las conocemos. En su lugar, el gobierno propone un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) financiado con aportes empresarios que, en los hechos, le saca plata a la ANSES para dársela a las empresas . La motosierra, otra vez, la pagan los jubilados. Pero lo más exquisito de la jornada no fue lo que votaron, sino quiénes lo votaron y con qué currículum llegaban al recinto.
Porque resulta que los dos principales impulsores de esta cruzada contra la “industria del juicio” tienen un pasado que, en sus propias palabras, debería ser considerado delito moral por espantar inversiones. Manuel Adorni, hoy jefe de Gabinete y férreo crítico de los “caranchos laboralistas”, le hizo un juicio a su empleador en 2017 y se llevó 55 mil dólares . El actual funcionario trabajaba en la concesionaria Mapemfi, denunció que le pagaban en negro y que lo echaron sin causa, y tras una demanda que incluyó responsabilidad solidaria a Renault Argentina y otras empresas, cerró un acuerdo por un millón de pesos de entonces. Actualizado a febrero de 2026, eso son casi 90 millones de pesos . Un monto que, con la nueva ley, un trabajador despedido en las mismas condiciones jamás podría cobrar.
Pero Adorni no se quedó ahí. En su alegato contra sí mismo, declaró en el Coloquio de IDEA que hay que “terminar con la nefasta industria del juicio laboral” y que los abogados laboralistas “son capaces de mandar a la quiebra una pyme” . Nadie le recordó, parece, que ese abogado que él contrató en 2017 (y que le consiguió esa indemnización) sería hoy, según su propia definición, un “carancho”. Nadie le preguntó si él, Manuel Adorni, se sintió un “carancho” cuando cobró esas cuatro cuotas de 250 mil pesos entre septiembre y diciembre de aquel año . Nadie. lo hizo y probablemente nadie lo haga. O sí, pero con micrófonos acolchonados que se apagan rápido cuando algo pueda traer problemas.
Y si Adorni es el soldado, el general tiene una historia aún más difícil de esconder. Javier Milei, el presidente que quiere eliminar las indemnizaciones, contó con total naturalidad que vivió cuatro años gracias a una indemnización que cobró tras ganarle un juicio a su empleador . Cuatro años. No cuatro meses: cuatro años manteniéndose con la plata de un despido. Eso, señores, no es un emprendedor que se la rebuscó, es un trabajador que ejerció sus derechos laborales. Los mismos derechos que hoy, desde la Casa Rosada, envía al archivo con su firma.
La reforma no es chica. Modifica la base de cálculo de las indemnizaciones excluyendo aguinaldo, vacaciones y premios no mensuales, permite el pago en hasta 12 cuotas para pymes, establece que la indemnización de la Ley de Contrato de Trabajo será la única reparación posible, prohibiendo cualquier reclamo civil adicional y crea los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que se nutren con aportes patronales que antes iban al sistema jubilatorio . Dicho en criollo: la plata de los abuelos ahora financiará despidos más baratos . Todo esto, mientras se limita el derecho a huelga, se extiende la jornada a 12 horas y se habilita el pago de salarios en especies o criptomonedas . Una modernización, dicen, que creará un montonazo de puestos laborales.
Lo que no dicen es que la «modernización» consiste en cerrar la puerta que ellos mismos usaron para salvarse. Adorni en 2017 era un «empleado administrativo» con problemas de registro laboral. Milei en algún momento de los 90 o 2000 era un profesional que recurrió a la Justicia para cobrar lo que le correspondía. Ambos encontraron en el sistema laboral argentino (el mismo que hoy califican de “disuasivo para la inversión”) una red de contención que les permitió seguir adelante. Ambos demandaron, litigaron, contrataron abogados y cobraron. Ambos fueron, durante ese proceso, exactamente lo que hoy denuncian.
La pregunta entonces no es si la reforma es buena o mala para el país. La pregunta es: ¿por qué ellos sí y los demás no? ¿Por qué Manuel Adorni mereció en 2017 un resarcimiento de 90 millones de pesos de hoy, y el trabajador que sea despedido mañana merece un fondo de inversión cuyo rendimiento dependerá de la volatilidad de los mercados? ¿Por qué Javier Milei pudo vivir cuatro años de su indemnización, y el próximo economista despedido deberá conformarse con lo que la Comisión Nacional de Valores decida capitalizar?
La respuesta es tan vieja como el poder: las reglas son para los demás. Son como los inmigrantes que, cuando consiguen la ciudadanía, se derechizan y piden controles en las fronteras. El sistema que ellos usaron era “justo” cuando los beneficiaba. Hoy que están del otro lado del mostrador, es “una traba”. El abogado que les ganó el juicio era un “profesional eficiente”. El que lo hace hoy para un laburante de una fábrica textil es un “carancho”. La hipocresía no es un efecto colateral de la ideología libertaria: es su núcleo mismo.
Mientras la reforma espera ahora su tratamiento en Diputados, los mismos que ayer votaron en el Senado con 42 apoyos y cero abstenciones deberían responder una pregunta sencilla: si la indemnización es un privilegio del pasado, ¿por qué Adorni no devuelve la suya? Si la “industria del juicio” es un cáncer, ¿por qué Milei no dona lo que cobró a un fondo de desempleo?
