Si el “lawfare” fuera una serie, 2025 sería su temporada más ambiciosa. Primero cayó Cristina: condena confirmada, inhabilitación perpetua y domiciliaria por edad, a días de anunciar su candidatura para intentar ser senadora por la Tercera Sección Elecotoral. La tesis oficial dice “corrupción”, la lectura política entiende “proscrita”. Ahora, la Corte deja firmes dos condenas contra Guillermo Moreno y agrega un nuevo capítulo al canon: el ex secretario de Comercio queda inhabilitado para ejercer cargos públicos. Dos piezas que encajan perfecto en el rompecabezas de una alianza de intereses —poder judicial, acreedores externos y establishment financiero local— que arma la escenografía, marca la música y decide quién baila y quién no.
La secuencia de Cristina conviene recordarla sin maquillaje: sentencia de 2022 por la causa Vialidad, confirmación en Casación en 2024 y en 2025 la Corte Suprema cierra el expediente. El mismo día, el debate público se parte entre la letra del fallo y la palabra “proscripción”. Para una parte del sistema mediático-judicial es una victoria moral. Para el peronismo, la prueba de que la cancha no estaba inclinada: estaba vallada. El dato duro, más allá del relato, es que hoy está legalmente impedida de competir y cumple la pena en su casa por su edad. El resto es la discusión —legítima— sobre si hubo o no irregularidades procesales y sesgos que la defensa denuncia como persecución política.
Moreno entra por otra puerta, pero sale al mismo patio. La Corte le dejó firmes dos condenas: una por “amenazas coactivas” en la asamblea de Papel Prensa de 2010 (sí, la famosa escena de los guantes de boxeo y el casco); la otra por “peculado e incitación a la violencia colectiva” por haber financiado con fondos del Estado un cotillón anti-Clarín —banderas, stickers, gigantografías—. Las penas son en suspenso, pero la inhabilitación política es bien real. El resultado práctico es idéntico al de Cristina: afuera del ring electoral. Y no por urnas, sino por expediente.
Que quede claro lo grotesco del contraste. En un país donde la dictadura estatizó de un plumazo deudas privadas por miles de millones con una circular del Banco Central (un pasamanos histórico que socializó pérdidas de grandes grupos), el sistema logra hoy una inhabilitación perpetua por comprar globos y por posar guantes sobre una mesa. Nadie dice que sea elegante pero queda claro que, en la escala argentina de daños, la vara para unos y para otros parece calibrada con reglas distintas.
La causa de los guantes de boxeo es el símbolo perfecto para el prime time: Moreno irrumpe en la asamblea de Papel Prensa, el Estado versus el accionariado privado, la historia pesada de esa compañía sobrevolando el salón, y un secretario que ofende el protocolo y amedrenta a los presentes. Por ese episodio lo condenaron a dos años en suspenso y seis meses de inhabilitación. El mensaje político es quirúrgico: “no molestes donde no te invitamos”. La ejemplaridad es menos jurídica que pedagógica.
El segundo expediente es todavía más didáctico: peculado e “incitación a la violencia colectiva” por el cotillón con leyendas contra Clarín. Traducido, el poder judicial decide que usar recursos públicos para propaganda partidaria amerita inhabilitación perpetua. ¿Es discutible? Sí. ¿Es irregular? Puede no serlo. ¿Es desproporcionado si se la compara con la impunidad estructural de otras épocas? Absolutamente. En un país donde la apropiación de empresas en dictadura y la estatización de deudas privadas siguen oliendo a expediente impune, que el estandarte moral sea un globo y un sticker invita a la ironía.
La tesis de “segunda proscripción” se sostiene, además, en el contexto: Cristina y Moreno no son dos islas. Son la doble señal de un sistema judicial, alimentado por el sector económico y mediático más concentrado, que no solo sanciona conductas sino que administra la oferta electoral. No se trata de negar delitos (cada cual se defiende en tribunales); se trata de advertir lo obvio: cuando los casos que terminan en inhabilitación perpetua son selectivos, las sentencias se vuelven, de hecho, herramientas de ingeniería política. Y cuando esa selectividad convive con la docilidad de sectores financieros que aplauden la “limpieza del tablero”, el cuadro se completa.
¿Y la pata internacional? No hace falta conspiración, alcanza con la hemeroteca. Los cables filtrados —esa ventana indiscreta a la cocina de la Embajada— muestran interlocuciones aceitadísimas entre Washington y actores clave de la política y del poder judicial argentinos, agendas de “fortalecimiento institucional” y una mirada permanente sobre medios y justicia. No prueba un comando a distancia, pero sí un ecosistema donde el Norte toma mate en Tribunales desde hace décadas. En ese ecosistema, la palabra “lawfare” dejó de ser polémica académica para convertirse en descripción funcional.
La defensa de Cristina insiste en las irregularidades probatorias (la imposibilidad de demostrar su conocimiento directo de los hechos, sobreprecios dudosos, testigos de parte que son árbitros del partido) y denuncia “mesa judicial” y sesgos. El oficialismo festeja la condena como acto de justicia poética. Entre una cosa y la otra, el dato político central permanece: la dirigente más influyente del peronismo y el secretario más temido de la década ganada fueron retirados del mapa electoral por vía judicial. Si eso no es alterar la competencia, ¿qué es?
Al final, la escena es casi costumbrista. Los mismos que en los ’80 y ’90 naturalizaron la apropiación, la licuación y la socialización de pérdidas, hoy descubren su conciencia republicana en un casco de sparring y en un globo con la leyenda “Clarín miente”. ¿Debe sancionarse el uso indebido de fondos públicos? Sí, sin dudas. ¿Debe discutirse la proporcionalidad y el sesgo del sistema que inhabilita a unos por cotillón mientras otros brindan por circular A251? También, y a los gritos. Porque entre la pureza selectiva y la igualdad ante la ley hay un abismo que no se tapa con editoriales.
