El gobierno que prometió “prender la luz y mostrar la mugre de la casta” encontró un método más sofisticado: apagar la luz, tirar el tablero y explicar que la oscuridad es un sofisticado instrumento de política económica. Luis “Toto” Caputo convirtió la opacidad en programa: cuanto más sensible es el dato, menos se cuenta. Una cuestión de fe. El último capítulo lo contó Fernando Alonso en “El mercado espera devaluación y Caputo respondió apreciando el peso”. Mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) pide reservas y el mercado descuenta una corrección del tipo de cambio, el Ministerio de Economía se entretiene apreciando el peso y jugando al misterio. Lo poco que se explica no se dice en conferencias abiertas ni en el Congreso, sino en charlas exclusivas para clientes de bancos como JPMorgan Chase & Co. (JP Morgan) o en notas del Financial Times detrás de paywall. La famosa “casta” existe, pero ahora paga suscripción premium.
La misma pluma de Alonso, un especialista en totocaputismo, firmó otra postal del modelo: “El Gobierno oculta de dónde sacó los dólares para pagar u$s 850 millones al FMI”. El título es casi un parte médico. Se pagó un vencimiento de 850 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI) y nadie sabe con certeza si esa plata salió de compras en el mercado, de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), del nuevo crédito de 20.000 millones de dólares o de un canuto del Tesoro de Estados Unidos. No hay comunicado técnico, no hay detalle en el Boletín Oficial. Hay, en cambio, una frase de manual: “el Gobierno cumplió con sus obligaciones internacionales”.
Cuando alguien pide explicaciones usando la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 27.275), la respuesta es todavía más creativa. Organizaciones como la Asociación por los Derechos Humanos de Tucumán (ANDHES) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) le pidieron al Ministerio de Economía el expediente completo del crédito de 20.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Economía primero lo tramitó por la vía de la Ley 27.275, pidió prórroga, dejó correr los plazos, y cuando se le acababa el margen intentó cambiar de cancha: “ya no es acceso a la información, es procedimiento administrativo”. Un juez federal tuvo que recordarle al ministro que no puede reemplazar una ley votada en democracia por un reglamento de la dictadura sólo porque le resulta más cómodo. Si la transparencia fuera un examen, Caputo ya estaría rindiendo libre por tercera vez.
La Justicia fue más clara que cualquier comunicado oficial: en un fallo reciente, el Juzgado Federal de Dolores condenó al Ministerio de Economía a entregar en cinco días el expediente completo del DNU 179/2025, con el que se tomó el crédito de 20.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Lo dice la sentencia que reseñan notas como esta de iProfesional y esta de ANDHES: no se puede disfrazar de trámite interno un acuerdo que va a condicionar jubilaciones, tarifas y salarios por años. Cuanto más grande es la deuda, más chico parece el interés del Gobierno en que la gente sepa qué firmó en su nombre.
A la opacidad en los papeles se suma la del oro que salió del país en silencio. En julio de 2024 circularon versiones de que camiones de caudales estaban sacando lingotes del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Días después, el diputado y sindicalista bancario Sergio Palazzo presentó un pedido de informes. El Banco Central confirmó que “completó exitosamente transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas en el exterior”. Chequeado lo detalló en este explicador y otros medios mostraron el operativo: lingotes enviados afuera el 7 y el 28 de junio, por montos que se estiman en torno a 1.500 millones de dólares.
Lejos de despejar dudas, Luis Caputo decidió redoblar la apuesta. En entrevistas recogidas por medios como Bloomberg Línea y Todo Noticias, explicó que tener el oro en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) “sin hacer nada” es negativo, que afuera rinde más y que, además, sirve como colateral. Lo que no explicó es bajo qué contrato, con qué plazo, a qué tasa, con qué contraparte y qué pasa si mañana cae un embargo. Es como si alguien vendiera el auto de la familia, dijera que lo puso en un plazo fijo buenísimo y, cuando le preguntan en qué banco está, respondiera que eso ya es un nivel de curiosidad casi comunista.
La opacidad también opera sobre algo tan básico como saber quién entra y sale del Ministerio de Economía. Un pedido de acceso al registro de visitas del Palacio de Hacienda (nombres de empresarios, banqueros, lobbistas y amigos que se sientan con el ministro) fue rechazado. Varios medios contaron que la respuesta oficial fue, en esencia, “eso no se puede dar”. El mismo gobierno que sueña con un país donde los políticos van presos si se reúnen en secreto con empresarios, considera que la lista de gente que cruza la puerta giratoria de Hipólito Yrigoyen 250 es un misterio de Estado. Libertad de mercado sí, libertad de saber quién negocia qué con quién, no tanto.
Todo esto se financia, como siempre, con dólares ajenos. Sin una gran liquidación del agro ni un boom exportador, la Argentina de Milei va a llegar a fin de año “con dólares prestados”. La combinación es clara: créditos del Fondo Monetario Internacional (FMI), swaps con el Tesoro de Estados Unidos, intervención extranjera comprando pesos, letras del Banco Central de la República Argentina (BCRA) hechas a medida para estacionar esos pesos y un silencio casi religioso sobre términos y condiciones. El Gobierno declama “soberanía monetaria”, pero la política cambiaria se discute más en Washington que en el Congreso de la Nación.
Si se repasa la serie completa, el patrón es casi didáctico. Acuerdo de 20.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI): opaco. Envío de oro al exterior: opaco. Pago de 850 millones de dólares al Fondo: opaco. Registro de visitantes del Ministerio de Economía: opaco. Comunicaciones sobre tipo de cambio y bandas: primero a bancos y consultoras, después (si sobran ganas) al resto de la humanidad. No es un gobierno sin capacidad técnica. Es un gobierno que decidió que la información económica es un activo financiero más, que se reparte entre pocos y se esconde del resto. Cuanto más turbia la verdad, más sofisticado el argumento para no decirla.
La excusa de manual es que contar demasiado puede generar corridas. Si el Gobierno admitiera que pagó al Fondo con reservas netas, el dólar se dispararía. Si explicara el detalle del giro de oro, lloverían amparos. Si mostrara cada cláusula del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se verían con claridad los ajustes que vienen. Pero la solución que encontraron es peor: gobernar a oscuras. La falta de datos no sólo degrada la democracia, también espanta a los mismos “mercados” que dicen cuidar: nadie presta barato a un país donde los balances reales están guardados en una caja fuerte que ni siquiera el Congreso puede abrir.
“La Opacidad Avanza” es una descripción de la práctica cotidiana: un gobierno que habló de “verdad incómoda” y “adultos en la sala”, pero que a la hora de mostrar los números elige el camino más adolescente de todos: esconder las cuentas, culpar a otros y pedir que le crean “porque sí”. Si el plan fuera tan genial como juran, lo estarían mostrando en cadena nacional, con PowerPoint y gráficos de colores. Que necesiten swaps secretos, oro itinerante, fallos judiciales en contra y notas de investigación para arrancarles un dato suelto sugiere algo bastante simple: más que un proyecto de transparencia brutal, estamos ante un proyecto de opacidad prolija. Y ahí sí, la única luz que se ve al final del túnel es la de las pantallas donde los privilegiados leen, en tiempo real, lo que al resto nos niegan.
