La foto es sencilla: un mayorista apagado en el acceso a Bahía, changuitos vacíos y unas 60 familias esperando saber qué va a pasar con su sueldo de noviembre. El supermercado Yaguar cerró de un día para el otro y la empresa mandó directivos desde Buenos Aires para avisarles a los trabajadores que el sábado anterior había sido el último día de actividad. Según contaron a la prensa, se enteraron “entre gallos y medianoche”: el domingo les habían hablado de algunos despidos, el lunes ya no había sucursal.
En los comunicados prolijos, la firma repite dos causas: caída de ventas por la recesión y problemas de accesibilidad por la obra abandonada del Paso Urbano en el ex camino Sesquicentenario. Lo del Paso Urbano no es una excusa cualquiera. La obra RN3–RN33 fue presentada como “prioritaria”, con un costo estimado de unos 62.700 millones de pesos y un avance físico clavado alrededor del 44,8%: ni autopista nueva ni ruta vieja, un Frankenstein vial que quedó a mitad de camino y hoy figura en los registros oficiales en un limbo administrativo (“otras”). Para el comercio mayorista que depende de camiones entrando y saliendo todo el día, eso se traduce en algo muy concreto: accesos rotos, vueltas eternas, clientes que dejan de ir porque llegar es una odisea.
La historia viene de arrastre pero Milei la llevó al extremo. El Paso Urbano se licitó en 2018 con la promesa de terminarse en dos años. Entre la transición Macri–Alberto también hubo frenos, pero en 2022 la obra ya mostraba un avance del 43% y expectativas de llegar al 60% en 2023. Nada de eso pasó: con la asunción de Milei los trabajos quedaron otra vez paralizados y hoy el ex Camino Sesquicentenario es una traza abierta, sin mantenimiento, donde cada lluvia empeora la circulación y los vecinos hablan más de pozos que de progreso.
En 2025 todavía había una vela prendida: el Presupuesto 2025 contemplaba una partida cercana a los 27.000 millones de pesos para, al menos, hacer la zona transitable y reducir el riesgo de accidentes. Esa vela se apagó en el Presupuesto 2026. Dirigentes como Pablo Daguerre revisaron planillas y encontraron lo obvio: el Paso Urbano “El Cholo” directamente desapareció del anexo de obras; no hay renglón, no hay fuente de financiamiento, no hay ni siquiera una mención simbólica. El mensaje es clarito: si Bahía quiere terminar su accesos, que se arregle con plata propia.
El cierre de Yaguar, entonces, no es un rayo en cielo sereno sino el efecto local de un modelo nacional. Según un relevamiento de Chequeado, el gobierno de Milei heredó unas 2.700 obras públicas inconclusas y más de la mitad (el 54%) no registró ningún avance físico desde diciembre de 2023. La inversión en obra pública se desplomó un 77,3% real en 2024 frente a 2023, alcanzando el nivel más bajo desde la crisis 2001/2002, y en lo que va de 2025 apenas se iniciaron 18 proyectos nuevos.
Otros informes hablan directamente de un mapa de desmantelamiento: más de 2.300 obras paralizadas en todo el país, desde rutas a hospitales y redes de agua potable, con un saldo de al menos 48.700 puestos de trabajo perdidos en la construcción entre diciembre de 2023 y mayo del año siguiente. Cuando el gobierno se jacta del “superávit fiscal”, lo que no dice es cuántos barrios, ciudades y comercios quedaron colgados de esas columnas de hormigón a medio hacer. Bahía Blanca y el mayorista Yaguar son apenas un punto rojo más en ese mapa.
Mientras tanto, el discurso oficial sigue vendiendo que la obra pública es sinónimo de “kiosco”, que el mercado va a resolverlo todo y que el ajuste solo lo sufre “la casta”. En el mundo real, donde los camiones no vuelan y necesitan pavimento, el abandono del Paso Urbano encarece la logística del puerto, del polo petroquímico y de cualquier empresa que dependa de esa traza. Para la empresa mayorista, el combo de recesión brutal más accesos intransitables fue la excusa perfecta para bajar la persiana en Bahía y seguir operando donde el Estado todavía pavimenta.
La escena se completa con un detalle no menor: esos 60 trabajadores que hoy esperan su liquidación ya habían demostrado de qué lado estaban cuando la ciudad se inundó en marzo. Fueron ellos los que recuperaron el local, limpiaron, ordenaron mercadería y permitieron que Yaguar siguiera facturando en plena catástrofe. Meses después, la empresa decide que son “costos” y el gobierno nacional ayuda con su contribución habitual: transformar una megaobra estratégica en un obstáculo que espanta clientes.
Bahía Blanca se queda así con una postal perfecta del mileísmo aplicado: una autopista a medio hacer oxidándose al costado del camino, un mayorista cerrado por “bajas ventas” en una economía deliberadamente recesiva y 60 despidos que se suman a los miles provocados por la parálisis de la obra pública. No es un error de cálculo: es un programa. Ajustar donde más duele, dejar que las obras se caigan a pedazos y que el costo lo paguen las ciudades del interior, mientras en Buenos Aires se celebra la prolijidad del Excel.
La parálisis de la obra pública nacional en Bahía Blanca no solo obliga al mayorista Yaguar a cerrar: nos recuerda que, detrás de cada puente sin terminar y cada ruta inconclusa, hay laburantes concretos que pierden el trabajo. Si el Paso Urbano “El Cholo” sigue siendo una cicatriz abierta y el gobierno insiste en que “no hay plata”, la pregunta que viene es obvia: ¿cuántos Yaguar más están esperando su turno para convertirse en la próxima víctima de un modelo que convirtió el abandono en política de Estado?
