En 2021, cuando el coronavirus era excusa y miedo al mismo tiempo, la escena era otra: banderas argentinas, carteles celestes y blancos colgando de los cuellos, bocinazos frente a la Casa Rosada y el Obelisco, y un lema escrito a fibrón que se hizo viral: “No hay futuro sin educación. Escuelas abiertas ya”. No lo dice ningún panfleto militante, lo registra. Hasta hubo protesta del 17A, con manifestantes cortando la 9 de Julio y denunciando que el cierre de escuelas crearía “un país de burros, que además estará fundido”. Eran los protolibertarios que ese año meterían a Javier Milei y Victoria Villarruel en el Congreso y, en 2023, a la Casa Rosada. Aquella mezcla de oposición tradicional, libertarios emergentes y “padres autoconvocados” se presentaba como la última línea de defensa de la escuela presencial frente al encierro pandémico.
En ese entonces, el discurso era simple y contundente: los chicos encerrados en sus casas eran víctimas de un Estado autoritario que les negaba el aula, la socialización y el recreo. Las clases por Zoom eran el símbolo del desastre. Las mismas fuerzas que hoy gobiernan levantaban la bandera de que la escuela debía ser lo último en cerrar, y que mantener a los pibes frente a la pantalla era condenarlos a la mediocridad educativa de por vida. El villano no era el virus, era la “ideología del encierro” que supuestamente disfrutaba destruir un año de educación. La presencialidad se convirtió en palabra sagrada, repetida en marchas, programas de TV y cadenas de WhatsApp.
Mientras tanto, Javier Milei afinaba su libreto. Años antes de llegar a la Casa Rosada, ya repetía que la educación no tenía por qué ser obligatoria ni gratuita y que el modelo a seguir eran los vouchers: el Estado le da la plata a las familias y las escuelas compiten entre sí como supermercados, quebrando las que no estén “a la altura del servicio”. Una mercancía más. La obligatoriedad, decía, es un intento del Estado de “controlar a los seres humanos” y de imponer un patrón moral.
Cuando llegó la Ley Ómnibus, la frontalidad se transformó en artículo. La reforma propuesta sobre el artículo 109 de la Ley de Educación Nacional habilitaba los “estudios a distancia híbridos como alternativa a la educación presencial a partir del segundo ciclo del nivel primario”, es decir, desde cuarto grado. Los que cortaron la 9 de Julio en pandemia no cortaron ninguna calle. Lo que hasta entonces estaba reservado para adultos, niños en el exterior como militares o viajantes varios, o situaciones rurales excepcionales, pasaba a ser una opción general: los chicos de 9 años podían dejar de ir a la escuela y seguir su trayectoria a través de modalidades virtuales, con padres o plataformas reemplazando a la maestra de aula. El propio director de Cultura y Educación bonaerense y ex ministro nacional, Alberto Sileoni, advirtió que era una medida “absolutamente contraria a la socialización” y que abría la puerta a negocios con plataformas educativas privadas.
Ese primer intento fue apenas un anticipo de lo que vendría después con la Ley de Libertad Educativa. El borrador que circula busca derogar la Ley de Educación Nacional y reemplazarla por un esquema en el que el Estado se retira a un rol subsidiario, mientras la familia y el mercado ganan centralidad. El texto reconoce “el derecho a recibir educación básica mediante formas alternativas de enseñanza desarrolladas total o parcialmente fuera de los establecimientos educativos”, sin edad mínima: se habilita formalmente el homeschooling, la educación híbrida y la educación a distancia como modalidades plenas, no como excepciones de emergencia.
El capítulo sobre “formas alternativas de enseñanza” baja la idea a tierra. Se define la “educación en el hogar, dirigida por los responsables parentales o tutores”, que pueden impartirla ellos mismos o contratar a terceros, y la “educación en entornos virtuales de aprendizaje”, donde los procesos educativos se materializan en modalidad virtual o híbrida, incluso mediante el concurso de instituciones educativas radicadas fuera del país. Quien no quiera escuela de barrio podrá optar por una pantalla con sello extranjero, validar contenidos mínimos mediante evaluaciones estandarizadas cada tanto y seguir adelante. La socialización, los vínculos cotidianos, el recreo compartido, pasan a ser un lujo opcional.
Si uno se para sobre el sistema actual y su pasado reciente, vemos como la aparición de las escuelas privadas fue separando cada vez más a los pobres de los ricos, excluyendo a estos últimos pagando un cuota que los primeros no puedan bancar. La educación en casa o virtual creará más burbujas para que los chicos se instruyan sin política ni realidad social. El cipayismo también cabalgará a sus anchas con padres orgullosos de que su hijo estudie virtualmente en una escuela norteamericana (sin riesgo a los tiroteos)
El cuadro completo lo describe con brutal claridad un artículo de El País: la reforma “retira al Estado, avanzan la familia y el mercado”. La familia que pueda pagar, se puede agregar. La educación en casa se presenta como una conquista de libertad, pero en la práctica supone familias con alto capital cultural o ingresos suficientes para pagar tutores privados, sin sindicatos detrás. La educación virtual, señala el medio español, suele convertirse en un gran negocio en la educación superior, pero en primaria y secundaria resulta incapaz de reemplazar la socialización que solo se consigue “yendo y poniendo el cuerpo en una escuela”. Desde el gremio de bibliotecarios de SiTBA, denuncian que el proyecto “legaliza la educación en el hogar y a distancia sin control pedagógico claro” y desmantela la profesionalidad docente. Menos Estado es menos controles.
La ironía es demasiado evidente como para dejarla pasar. Los mismos sectores que convocaban a marchar contra las clases por Zoom, que agitaban la imagen de los chicos encerrados como símbolo de crueldad estatal, que colgaban carteles de “Escuelas abiertas ya” frente a la Casa Rosada, hoy redactan leyes que permiten que un nene de 9 años pase toda su escolaridad básica en su casa, frente a una pantalla. La diferencia no es que antes había virus y ahora no. La diferencia es quién decide y quién factura: en pandemia la virtualidad era una medida sanitaria, discutible y temporal de un gobierno peronista. Ahora la virtualidad y el homeschooling se convierten en modelo permanente, envuelto en la palabra libertad y gestionado por el mercado.
El relato oficial intenta maquillar la jugada hablando de “esencialidad de la educación” y “continuidad mínima del servicio” durante los conflictos gremiales. El propio proyecto de Libertad Educativa recupera esa idea: se declara a la educación básica como servicio esencial y se pretende garantizar clases aun en huelga docente. La fórmula es perfecta para los manuales del cinismo: se usa el lenguaje de la pandemia (la educación no puede parar) para limitar el derecho a huelga, al mismo tiempo que se habilita que los chicos dejen de ir a la escuela de forma regular, siempre que haya una plataforma o un padre dispuesto a hacerse cargo.
Como hablamos, lo que está en juego es la idea misma de escuela como espacio común. La combinación de vouchers, homeschooling y aulas virtuales implica un sistema cada vez más segmentado: familias con recursos que podrán construir burbujas pedagógicas a medida, con contenidos y entornos ideológicos elegidos, y familias pobres empujadas a una escuela pública aún más desfinanciada que ahora o a ofertas virtuales de baja calidad. El grito de “no hay futuro sin educación” de las marchas anticuarentena queda como postal de otro tiempo: aquel en el que la palabra educación todavía remitía a un aula llena de chicos distintos compartiendo una misma clase.
