Si algo le faltaba a la ministra “mano dura” era que un comandante de su propia fuerza terminara preso con cocaína en la caja de la camioneta. El episodio cae, además, sobre un terreno ya embarrado por los aportes de empresarios vinculados al caso Fred Machado a la campaña de Patricia Bullrich en 2023.
El hecho es nítido y reciente: el 11 de octubre, en el puesto de Urutaú (RN16, departamento Copo, Santiago del Estero), la Policía provincial detuvo una Toyota Hilux con tres adultos y un menor. En una mochila había cinco “ladrillos” (5,69 kg) de cocaína, además de $831.400 y dinero en guaraníes. El principal detenido es Aníbal David Borda (50), médico y Comandante de Gendarmería Nacional. La causa quedó en el Juzgado Federal de 2ª Nominación (juez Sebastián Argibay).
Medios locales agregan que Borda prestaba funciones en la Jefatura de Región IX (jurisdicción NOA) y tiene domicilio en Cerrillos, Salta. En clave jerárquica, “Comandante” es un oficial jefe: está por encima de Segundo Comandante y por debajo de Comandante Principal y Comandante Mayor. No es tropa raso: es mando intermedio-alto dentro de la cadena.
Con el arresto sobre la mesa, reaparece la pregunta incómoda: ¿cuán cerca pasa el dinero y la logística narco del perímetro político del oficialismo que integra Bullrich? No hablamos de tuits: hablamos de documentos bancarios y judiciales en EE.UU.. El BA Times y el Buenos Aires Herald registraron que José Luis Espert —aliado electoral de Milei y ex socio político de Bullrich— admitió recibir una transferencia de US$200.000 vinculada al entramado de Fred “Fred” Machado (acusado por tráfico y lavado), aunque la presentó como “consultoría”.
Y después se publicó la planilla del Bank of America incorporada en el expediente texano que registra el giro de US$200.000 a Espert y reveló, además, un contrato por US$1.000.000 firmado entre Espert y Machado quince días antes del lanzamiento de la campaña 2019. Luego, la fiscalía local imputó a Espert por lavado. Todo eso es papel y sello, no rumor.
La arista que toca directo a Bullrich es un informe de Homeland Security que indica que el Ministerio de Seguridad —cuando lo conducía Sabina Frederic en 2021— ya conocía los aportes y conexiones de Machado con la política argentina. La propia Bullrich lo reconoció públicamente estos días cuando dijo que “estaba en la Justicia”. El dato no la convierte en coautora de nada, pero sí en depositaria temprana de información sensible que hoy estalla.
A esto se suma el flanco financiamiento 2023: Myriam Bregman anunció una presentación ante la Justicia Electoral para que Bullrich explique aportes de Lácteos Vidal (familia Bada Vázquez), mencionados en documentos de la causa de Texas por transferencias cruzadas con estructuras de Machado. La hipótesis es de ingreso indirecto de fondos “manchados” vía donantes formales; la prueba definitiva dependerá de UIF, oficios y peritajes. Por ahora, es un indicio serio en sede judicial, no un fallo.
De vuelta al operativo de Santiago y su política: un comandante activo cae con cocaína mientras la jefatura política predica “guerra al narco”. Ironía inevitable: mucha requisa en la esquina, poca lupa en la chequera y, al parecer, nada de control en la cadena de mandos. Si en 2021 ya había alertas federales y en 2025 aparece un oficial de jerarquía con “paquetes”, el problema no es la “puerta giratoria”: es la puerta sin control.
¿Qué debería pasar ahora? Tres cosas obvias: (1) Gendarmería, sumario y separación preventiva del cargo; (2) el Ministerio de Seguridad explicando qué falló en los filtros de integridad para oficiales jefes; (3) la Justicia cruzando teléfonos, movimientos y vínculos (porque nadie lleva 6 kilos en familia sin red logística detrás). Y, en paralelo, despejar rápido la trazabilidad de los aportes que hoy salpican el ecosistema político de la ministra.
