La foto del día en San Vicente es un resumen cruel de época: mientras la ministra-candidata insiste en que la violencia de género “es culpa del feminismo”, un concejal electo de La Libertad Avanza terminó detenido por amenazar a su pareja con un arma. Ignacio “Nacho” Contreras, concejal electo para asumir en diciembre, fue aprehendido tras una denuncia por amenazas agravadas; según el parte, dentro de la vivienda se escucharon al menos dos detonaciones, la policía secuestró una pistola 9 mm y vainas servidas, y la causa quedó en manos de la fiscal Karina Guyot. No es un “relato”, es un expediente.
El episodio se completa con un video que se viralizó en redes, presuntamente grabado por la víctima, donde se oye una discusión previa. Después vino lo que nunca debería venir: tiros dentro de la casa, intervención policial, secuestro del arma y traslado del denunciado a la comisaría. Ella, de 24 años, declaró en la Comisaría de la Mujer; él, de 51, quedó a disposición de la Justicia.
En VEM ya contamos el mantra oficial que intenta dar vuelta el mundo: “si estás empoderada y pisoteás, se te viene en contra”, dijo Bullrich en un streaming en Carajo (también había recomendado que el que quiera andar armado, que ande armado). Lo registramos y lo discutimos en nuestra nota hace apenas 4 días “En la misa, Patricia Bullrich dijo que los femicidios son culpa de las feministas”. La realidad, que no entiende de sermones, vuelve a responder con hechos: no son las consignas feministas, son los violentos.
También mostramos cómo grupos como “Varones Unidos” incuban un clima de hostigamiento contra las políticas de género que, lejos de “prevenir abusos”, termina alimentando excusas para los abusadores. . El caso de San Vicente es exactamente lo que pasa cuando la política se dedica a deslegitimar la agenda de prevención: no baja la violencia; baja el umbral de vergüenza.
Lo de Contreras, además, expone el doble libreto. En campaña, orden, familia, valores. En el expediente, disparos en un baño, vainas servidas y una pareja aterrada. Porque la prédica contra “la ideología de género” convive, semana por medio, con alguna denuncia por amenazas, golpes o armas en el entorno libertario.
No hay que ser hermeneuta: cuando una funcionaria de primera línea culpa al feminismo por los femicidios, no está discutiendo teoría; está enviando una señal. Les dice a los violentos que el problema es la libertad de ellas, no las conductas machistas de ellos. Y ya sabemos qué hace un violento con una señal de impunidad: la toma. Después llegan los comunicados, los “rechazamos la violencia”, los “si la Justicia lo determina”; pero el daño simbólico ya se hizo.
El caso de San Vicente tiene, además, el ingrediente típico de la Argentina de 2025: la evidencia en video. No hace falta detective; hace falta política pública. La agenda es conocida y aburrida (¿vieron que la prevención nunca es trending?): dispositivos electrónicos, medidas cautelares que se cumplan, refugios, patrocinio jurídico, equipos territoriales con presupuesto y formación. Para eso sirve el Estado. Para lo demás está X.
El día que cambien la lógica y empiecen por resguardar a las víctimas en lugar de disciplinarlas, quizá bajen las estadísticas y la impunidad de los agresores. Mientras tanto, cada caso como el de Contreras nos devuelve al abecé: la violencia no es sólo un debate cultural. Es un delito.
