Aunque no lo parezca, el enemigo número uno del gobierno no es la pobreza, ni la desocupación, ni el ajuste salvaje que impone el FMI. Para Milei y su club libertario, el verdadero problema es un mito: la «industria del juicio laboral». Tiene sentido. Un gobierno que destruye salarios, revienta convenios colectivos y deja al trabajador sin obra social dice que lo que frena el progreso no es su motosierra, sino un par de abogados que reclaman derechos.
Desde la tribuna de Twitter, Milei y sus acólitos gritan que hay que dinamitar esa industria oscura que supuestamente se forra con demandas judiciales y funde pymes. Hablan de caranchos, de extorsiones y de un sistema laboral que está armado para esquilmar a los pobres empresarios. Repiten y repiten sin parar desde décadas antes de que llegara Milei al poder: la Argentina no crece por culpa de los juicios laborales.
Pero, como suele pasar con los grandes relatos de este gobierno, cuando uno rasca un poco la pintura libertaria aparece el yeso de la mentira. Los datos, que suelen ser fáciles de encontrar cuando no se tiene nada que ocultar, tiran abajo el mito como si fuera una torre de Jenga hecha en la carpintería de Revolución Federal con facturas de Caputo.
Vamos con una cifra escandalosa: según la Cámara Nacional del Trabajo, entre 2014 y 2024 se dictaron 257.011 sentencias laborales. Eso significa que en diez años, menos del 2% de los trabajadores tuvo un juicio laboral que llegó a sentencia. Y si miramos el stock actual de causas listas para fallo, hablamos del 0,12% de la fuerza laboral total. Repetimos: 0,12%. Milei quiere reformar el sistema laboral para arreglar el 0,12% de los casos. Tremendo y es apenas un punto de ley. Un tipo que no cree en los números ni en la inflación, pero hace reformas estructurales por una cifra que entra en un tuit.
Encima, la mayoría de los juicios no son por capricho: son por despidos sin causa, salarios mal liquidados o accidentes laborales. Y en la mayor parte de esos casos, los empleadores tienen ART, o sea que quien paga es la aseguradora, no la PyME que dicen querer salvar. El sistema está armado para que un accidente no funda una empresa. Pero si se incumplen normas básicas o no se registran a los trabajadores, bueno… ahí aparece la Justicia, que para eso está.
Eso sin contar que la mayoría de los conflictos laborales ni siquiera llegan a juicio. Se arreglan antes, o ni se reclaman. Porque el trabajador prefiere agachar la cabeza antes que perder el laburo. La «industria del juicio» es, en realidad, la industria del miedo a reclamar. Y cuando algún abogado laboralista se anima a litigar, lo llaman carancho. Como si ejercer la defensa de derechos de los laburantes fuera un delito.
Para eso van a sacar una reforma laboral junto a Bessent y al FMI, que describimos acá.
Pero el verso funciona cuando el problema para muchos es que no hay trabajo. Y la parasitaria casta de la industria del juicio es el chivo expiatorio ideal que los empresarios usan de excusa. Sirve para avanzar sobre derechos, para justificar reformas que precarizan, para que las corporaciones aplaudan y los medios digan «al fin alguien pone orden». Lo mismo que hacía Macri, pero ahora con memes y dibujitos de perritos.
En resumen: Milei quiere reformar la ley laboral por un 0,12%. Es como demoler un hospital porque dos pacientes hicieron ruido en la guardia. Una excusa para ajustar a los de siempre. El problema no son los juicios, el problema es que quieren un país sin derechos y su plan económico es una máquina de fundir pymes y expulsar capital extranjero.
