El martes pasado, en la radio de la Universidad Nacional del Sur, un par de periodistas le preguntaron a Leandro Retta por qué los satélites son una de las diez industrias estratégicas que desarrolla en su libro. La pregunta parece inocente, pero es una de esas que desnudan el subdesarrollo mental de una dirigencia que cree que la Argentina debe resignarse a importar todo, incluso el cielo. Porque en un país donde el «sentido común neoliberal» impone que el Estado no debe producir nada, hablar de fabricar satélites propios suena a ciencia ficción.
Sin embargo, Argentina ya los fabrica. Ya los puso en órbita. Y ya demostró que puede generar divisas, empleo calificado y soberanía con ellos. Lo que falta no es tecnología: es voluntad política para convertir ese potencial en una política de Estado permanente, financiada con un impuesto progresivo a los dispositivos que dependen de esa infraestructura espacial. El libro “10 industrias estratégicas”, de editorial Trafkintu, dedica su primer capítulo a esta idea, y vale la pena repasarla con la crudeza que el momento exige.
El dato que debería hacer sonrojar a cualquier funcionario que se precie de nacionalista es que Argentina ya es uno de los pocos países del mundo que diseña, construye y opera sus propios satélites de comunicaciones. ARSAT puso en órbita el ARSAT-1 en 2014 y el ARSAT-2 en 2015, cada uno con una inversión de entre 250 y 280 millones de dólares, y hoy operan con fines comerciales dando servicios de TV, internet y telefonía en todo el continente. La CONAE, por su parte, desarrolló los satélites de observación SAOCOM 1A y 1B, equipados con radar de apertura sintética que puede ver de noche y entre nubes, útiles para monitorear inundaciones, detectar pesca ilegal o vigilar el Mar Argentino. INVAP, la empresa rionegrina, fue contratista principal de ocho satélites y hasta exportó sensores solares a Italia. Es decir, la capacidad técnica existe, la industria local tiene espalda y el know-how acumulado es regionalmente inigualable. ¿Qué falta entonces? Un programa ambicioso que articule todo ese potencial en una red nacional de satélites que garantice conectividad gratuita para todos, vigilancia soberana de nuestro territorio y generación de divisas por exportación de servicios tecnológicos. Eso es lo que propone el capítulo.
La idea central es conformar una constelación propia de satélites de comunicaciones, observación y geolocalización. Para eso se propone la creación de un Instituto Satelital Argentino (ISA), un organismo autárquico con representación del Estado, las universidades y el sector productivo, que planifique a diez años y ejecute un plan de lanzamiento de al menos un satélite por año. El financiamiento saldría de un impuesto del 3% sobre la venta de teléfonos celulares, tablets, computadoras y automóviles nuevos, dispositivos que dependen de la infraestructura satelital para funcionar. Con las ventas anuales de unos 8,5 millones de smartphones y 450 mil autos, la recaudación estimada rondaría los 330 millones de dólares por año. Eso permite construir y lanzar un satélite de comunicaciones por unos 250 millones, o dos satélites de observación más pequeños. En cinco años se puede tener una constelación operativa, y en diez, un sistema maduro que no solo autoabastezca al país, sino que exporte servicios a la región.
¿Y qué ganamos con eso? Primero, soberanía. Hoy la vigilancia del Atlántico Sur, las Islas Malvinas y la Antártida depende de imágenes satelitales extranjeras que pueden no estar disponibles cuando más se las necesita. Con satélites propios, Argentina controla sus propios ojos en el cielo. Además, el 2048 está a la vuelta de la esquina: ese año vence el Tratado Antártico, y tener información soberana y capacidad de presencia continua será una carta de negociación fundamental. Segundo, federalismo digital. Con satélites geoestacionarios de banda Ka, se puede llevar internet gratuito o subsidiado a cada rincón del país, desde la Puna hasta la Patagonia, conectando escuelas, centros de salud y hogares rurales que hoy no tienen señal. Eso es inclusión, no asistencialismo. Tercero, empleo calificado. La construcción de ARSAT-1 demandó 1,3 millones de horas hombre de trabajo argentino, y cada nuevo satélite implica ingenieros, técnicos y científicos en todo el país, frenando la fuga de cerebros. Y cuarto, rentabilidad: ARSAT proyecta recuperar la inversión de cada satélite en seis años, y en una década el programa podría generar entre 200 y 300 millones de dólares anuales por exportación de servicios y tecnología.
Por supuesto, las empresas de telecomunicaciones van a hacer lobby contra el sistema freemium que propone el libro: un servicio básico gratuito (con velocidad aceptable y 4G) y uno premium pago (5G o más). Porque si el Estado ofrece conectividad universal, se les rompe el negocio de vender planes caros a los pobres. Pero la respuesta es sencilla: el espacio es de todos, no de unos pocos monopolios. Y el Estado tiene herramientas para articular con el sector privado, no para enfrentarlo sin sentido. La experiencia de ARSAT demuestra que se puede competir y cooperar al mismo tiempo.
El libro “10 industrias estratégicas” se puede conseguir en formato digital o impreso contactando a la editorial Trafkintu. También pueden ver la entrevista completa en el programa “Dulce macumba” de Radio TFK, donde Leandro Retta desarrolla con más detalle cada uno de estos puntos. La invitación es a leer, a debatir y a exigir que la próxima gestión —sea quien sea— tenga el coraje de poner los satélites criollos al servicio del desarrollo popular, no de los negociados de siempre. Porque si algo nos enseñaron los años de vaciamiento industrial es que depender de lo que viene de afuera no es modernidad: es colonia. Y la independencia tecnológica no se mendiga: se construye con planificación, financiamiento y voluntad política. Los satélites están ahí, arriba, esperando que la Argentina decida mirar hacia arriba en serio.
