Lorena Villaverde tuvo su primera gran derrota política sin que hiciera falta un fallo judicial: todos los bloques del Senado, incluso los que suelen mirar para otro lado, decidieron no aprobar su diploma como senadora por Río Negro. La senadora electa de La Libertad Avanza, acusada por múltiples causas en Argentina y señalada en documentos judiciales de Estados Unidos por un negocio de cocaína y miles de dólares en efectivo, vio cómo el “sueño Milei” se le desarmaba en la puerta misma de la Cámara alta. Primero fue la impugnación del PJ rionegrino, después el pase del caso a comisión y, finalmente, la constatación de que no tenía votos para jurar. El día que iba a estrenar banca, se quedó paseando por el recinto como invitada incómoda.
Ahí apareció el verdadero plan del Gobierno: no limpiar la política, sino licuar el escándalo. Villaverde retiró su renuncia como diputada, que ya estaba en agenda para tratarse, y el oficialismo empezó a especular con la salida más funcional posible, dejarla en la Cámara baja hasta 2027, diluyendo el narcoescándalo entre 257 bancas en lugar de dejarlo hacer ruido todos los días entre 72 senadores. Es la alquimia perfecta del mileísmo: no hay arrepentidos, no hay sanciones, hay redistribución de la vergüenza institucional.
El problema es que el prontuario no se licúa tan fácil. Según expedientes y actas estadounidenses, Villaverde fue detenida en Florida a principios de los 2000, acusada de intentar comprar alrededor de un kilo de cocaína con 17 mil dólares en efectivo, en un operativo con policías encubiertos en un restaurante de Sarasota o Miami. Otras reconstrucciones hablan de cantidades mayores de droga y de 50 mil dólares sin declarar. Lo que se repite en todas es el resultado: estuvo presa, quedó marcada en los registros judiciales y hoy tendría prohibido el ingreso a Estados Unidos. Ella lo niega, pero hasta ahora no mostró un solo papel que desmienta esos documentos.
Frente a esas acusaciones, la diputada eligió un recurso que dice más de su idea de la política que mil discursos libertarios: se hizo un narcotest y una rinoscopía, los filmó, los subió a redes y los presentó como si un examen para consumo alcanzara para borrar un expediente por tráfico. “Quiero demostrar cuántos pares son tres botas”, proclamó mientras un médico le miraba las fosas nasales. Los estudios, según informó, dieron negativos, y los medios provinciales registraron que la propia Villaverde los usó como escudo para afirmar que no tenía nada que ocultar. El narcoescándalo, sin embargo, no se refería a si consumía o no, sino a qué tipo de negocios había hecho con la cocaína veinte años atrás.
En paralelo al pasado en Florida, la lista de causas locales también crece. Su exmarido aportó al expediente de divorcio documentación sobre maniobras económicas sospechosas, mientras que el juzgado civil de San Antonio Oeste la embargó por la venta irregular de terrenos en Las Grutas. A eso se le suma una denuncia por estafas piramidales y otra bomba reciente: el apoderado de La Libertad Avanza, Santiago Viola, la acusó de haberse intentado quedar con decenas de millones de pesos de la última campaña a través de una factura trucha, lo que motivó notas, informes televisivos y un desfile de indignación bastante selectiva dentro del propio oficialismo.
La reacción del sistema político tampoco fue blanda. Facundo Manes presentó un proyecto para excluirla de la Cámara de Diputados por “indignidad”, amparado en el artículo 66 de la Constitución, y lo difundió en redes advirtiendo contra el avance de la narcopolítica. El expediente 5996-D-2025 ya está girado a comisiones, con fundamentos que repasan el historial judicial de Villaverde en Estados Unidos y las denuncias por lavado, estafas y vínculos con empresarios investigados por narcotráfico. En otras palabras: mientras el Gobierno busca esconderla en la Cámara baja, un sector de la oposición decidió dejar por escrito que considera incompatible su permanencia con cualquier relato de “nueva política”.
Lejos de bajar el tono, la propia diputada eligió responder con amenazas veladas. Villaverde le envió mensajes intimidantes a Nicolás Wiñazki después de que el periodista presentara en TV el informe sobre su causa narco en Estados Unidos, y cómo su entorno terminó admitiendo el expediente al tiempo que juraba que estaba cerrado. En esas mismas notas se detalla algo que en Violencia es Mentir ya vimos de cerca: su vínculo afectivo con Claudio Ciccarelli, primo de Federico “Fred” Machado, empresario argentino detenido y acusado de narcotráfico y lavado, pieza clave de una trama que ya había salpicado a José Luis Espert y al financiamiento de campañas de la derecha.
En ese contexto, la jugada de Milei y su mesa chica es tan transparente como desesperada. Saben que en el Senado, cada vez que Villaverde se levantara a hablar, Unión por la Patria, la izquierda y cualquier opositor con reflejos le iban a tirar por la cabeza el kilo de cocaína en Sarasota, las tierras en Las Grutas, el embargo, las facturas millonarias y el “narcotest” que no prueba nada sobre tráfico. En la Cámara de Diputados, en cambio, pueden imaginarla como una presencia marginal, una banca más, una especie de diputada zombi que vota cuando se le pide y se mantiene en silencio el resto del tiempo, protegida por fueros y olvidada por el ciclo de noticias. Una del montón.
La pregunta es si ese plan de dilución va a alcanzar. El proyecto de expulsión sigue vivo, las denuncias penales no desaparecen porque cambie de edificio y el escándalo ya traspasó el nicho: hoy es un caso que conecta narcotráfico, negocios turbios, financiamiento de campañas y la promesa rota de “terminar con la casta”. Cada paso que dé Villaverde en el recinto será un recordatorio de que la diputada no está ahí por un error administrativo sino por la decisión política de un gobierno que la sostuvo hasta donde pudo y ahora trata de esconderla sin hacerse cargo.
También queda flotando otra duda incómoda para la Casa Rosada: qué pasa si un día Lorena Villaverde decide dejar de ser soldado y empezar a ser memoria. Por ahora, su supervivencia depende de los fueros y del paraguas de La Libertad Avanza, pero adentro del espacio ya la denunciaron, ya le soltaron la mano desde algunos despachos y ya quedó claro que su permanencia es una moneda de cambio en la interna entre Javier y Karina Milei. Si siente que la tiran por la borda, el riesgo para el gobierno no es solo perder un voto, sino ganar una arrepentida de lujo que conoce de adentro la relación del mileísmo con Fred Machado, las rutas de la plata y el modo en que la “libertad” se financia con negocios que no entran en ninguna teoría austríaca.
Por eso, el título de esta etapa de la novela es claro: Villaverde no jura como senadora, pero tampoco se va a su casa. Se queda en Diputados, licuando su escándalo narco entre cientos de apellidos, apostando a que el cansancio ciudadano tape lo que los expedientes ya no pueden esconder. Si el plan funciona, Milei habrá demostrado que en la Argentina de la motosierra la impunidad no está reservada a la vieja casta sino también a la nueva. Si fracasa, será el caso que inaugure algo distinto: la primera vez que una de las criaturas políticas del mileísmo se vuelva tan tóxica que ni siquiera la dilución alcance para salvarla.
