Cuentas libertarias, incluyendo a Traductor Te Ama, pasaron horas indignadas por un video donde Tomás Rebord baila con su hijo frenéticamente en un video y lo convirtieron en trending moral. La misma constelación de usuarios que exige “cuidado y respeto a la niñez” festejó, horas después, que el Gobierno vete y recorte fondos a hospitales pediátricos y universidades. El contraste no es de matiz: es de prioridades públicas. Ahí están los tuits que lo ilustran, uno tras otro, de perfiles afines al oficialismo celebrando el escrache a Rebord y bancando la motosierra presupuestaria.
Mientras las timelines moralizan, el Garrahan acumula números que no son debate, son contabilidad. En 2025, la Nación giró menos recursos en términos nominales durante los primeros meses del año y las actualizaciones no acompañaron la inflación: un seguimiento con datos oficiales de Presupuesto Abierto estimó que, aun con refuerzos, el hospital perdió casi la mitad de su poder real de compra frente a la inflación previa, pasando de un crédito inicial de $169 mil millones a $186 mil millones con una inflación 2024 superior al 100%.
Chequeado, por su parte, reportó que en lo que va de 2025 los giros nacionales al Garrahan fueron 7,2% menores interanuales, un ajuste que, traducido a guardias, insumos y sueldos, no se maquilla con slogans.
La foto política tampoco ayuda al relato de “no hay recortes”. El Presidente vetó la ley de Emergencia Pediátrica que reforzaba partidas para hospitales como el Garrahan y también la de financiamiento universitario; y la Cámara de Diputados acaba de rechazar ambos vetos con mayorías holgadas, dejando el desenlace en manos del Senado. En la calle, Reuters contabilizó miles de manifestantes y más de 240 renuncias de profesionales en el Garrahan como síntoma de crisis salarial y de gestión. Los números no tuitan, pero pesan.
Si la preocupación fuera genuinamente “la niñez primero”, la vara debería aplicarse al Presupuesto (¿se acuerdan cuando Milei decía que tendría que ser legal vender hijos?). UNICEF advirtió en su informe de junio que la inversión pública orientada a niños, niñas y adolescentes requiere ser protegida en 2025 y documentó caídas reales en varios programas de infancia cuando se mira la ejecución acumulada hasta mayo. En paralelo, el Ministerio de Capital Humano reordenó y disolvió iniciativas de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, con impactos a evaluar en territorio. La moral de timeline y la moral presupuestaria, otra vez, no coinciden.
Que una parte del oficialismo digital se indigne por una escena doméstica y a la vez aplauda el tijeretazo a un hospital pediátrico es algo más que hipocresía: es una definición de prioridades públicas. En un extremo, un recorte de 10, 20 o 40 mil millones puede traducirse en quirofanos parados, menos camas, menos especialistas y más demoras; en el otro, un video sirve para circular odio durante 24 horas. La elección entre indignación performativa y política pública concreta no debería ser difícil.
El argumento recurrente —“no hay plata”— se cae cuando la política decide dónde sí hay. Diputados desarmó el veto a Garrahan porque salud infantil no es gasto prescindible: es una obligación. Los mismos que claman “cuiden a los chicos” para pegarle a un conductor ignoraron que el ajuste en pediatría no perdona: a la escasez de insumos se le suman salarios que expulsan talento y una demanda pospandemia que no afloja.
No es solo Garrahan. El paquete de ajuste a la niñez incluye vacunas, comedores, primera infancia, salud mental y programas de protección; cuando esos renglones pierden contra la inflación o se desarman oficinas, el resultado es menos cobertura y más desigualdad. UNICEF lo dice sin eufemismos: proteger la inversión en NNyA no es un lujo, es la única manera de que la crisis no se coma a los más chicos. Si el Estado se corre, no hay tuit que llene ese vacío.
La política debería discutir eso: cuánto se invierte en los pibes y cómo se ejecuta, no cuántos retuits suma un escrache. Mientras tanto, el Congreso acaba de marcar un límite y el termómetro social también. La coherencia mínima para quien se dice “provida”, “profamilia” o “proinfancia” es exigir que los hospitales de niñas y niños estén financiados, los programas vigentes y las guardias pagas. Lo demás es ruido.
