Durante meses la estrategia defensiva del presidente Javier Milei en el escándalo de la criptomoneda $LIBRA se sostuvo sobre una premisa bastante simple: él no tenía relación con el proyecto. Apenas había difundido en redes sociales una iniciativa tecnológica que le pareció interesante. Un retuit. Un gesto espontáneo. Un entusiasmo geek presidencial. Sin embargo, la aparición de nueva evidencia en la causa judicial amenaza con introducir un pequeño inconveniente en esa narrativa.
La periodista Irina Hauser reveló que peritos informáticos del Ministerio Público Fiscal encontraron borradores de un contrato entre Javier Milei y el empresario estadounidense Hayden Davis, uno de los impulsores del proyecto cripto. El documento, que había sido borrado, fue recuperado en dispositivos electrónicos vinculados al trader Mauricio Novelli y ya forma parte del expediente judicial.
Además, la fecha del borrador es un detalle que merece ser resaltado con marcador fluorescente: 30 de enero de 2025. Apenas dos semanas antes del lanzamiento del token $LIBRA, que luego protagonizó uno de los desplomes más abruptos del ecosistema cripto local.
Desde el punto de vista jurídico, el dato no es menor. Si el presidente había suscripto (o al menos negociado) un acuerdo con uno de los promotores del proyecto antes de su difusión pública, la tesis del “retuit inocente” se desmora, dando paso a un sinfín de preguntas vinculadas al porqué de ese ocultamiento.
El contenido del documento tampoco ayuda demasiado a la versión presidencial. En el borrador se menciona que Hayden Davis podría actuar como asesor de Milei en temas de blockchain, criptomonedas e inteligencia artificial. Dicho en términos técnicos: no parece la relación casual entre un presidente curioso y un emprendedor que aparece en Twitter. Parece una relación bastante más estructurada.
A su vez, el nombre de Mauricio Novelli, vinculado a al presidente desde antes de que se lance en política, no aparece en el expediente como una figura secundaria. Los borradores del contrato entre Milei y Hayden Davis fueron encontrados precisamente en dispositivos electrónicos secuestrados a Novelli, que funcionaba como intermediario entre el entorno presidencial y el proyecto cripto $LIBRA.
Al mismo tiempo, la abogada Natalia Volosín, que viene siguiendo el expediente con lupa jurídica, agregó un elemento particularmente inquietante: la fiscalía tendría registros de pagos de hasta 250.000 dólares vinculados a reuniones privadas con el presidente argentino.
Si esa información se confirma, el caso $LIBRA podría dejar de ser una simple investigación sobre una criptomoneda fallida para convertirse en algo más delicado desde el punto de vista institucional: la eventual monetización del acceso al jefe de Estado. En derecho comparado, ese fenómeno tiene nombre célebre. Se llama tráfico de influencias, o en sus variantes más modernas, comercialización del acceso político.
En ese punto aparece inevitablemente otro nombre del círculo presidencial: Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y principal administradora del acceso político a su hermano. En la práctica institucional del actual gobierno, Karina Milei funciona como filtro de reuniones, audiencias y vínculos con empresarios o inversores, lo que la coloca inevitablemente en la arquitectura de cualquier encuentro privado con el presidente. Si existieron pagos relevantes vinculados a reuniones o contactos con el mandatario, resulta difícil imaginar que esa dinámica haya ocurrido completamente por fuera de ese esquema de control político del acceso.
Pero volvamos al principío. El comportamiento del token $LIBRA reproduce con precisión quirúrgica un patrón bien conocido en el mundo cripto: el pump and dump. El activo es impulsado públicamente, su valor se dispara durante algunas horas y luego se desploma abruptamente, dejando a miles de inversores minoristas atrapados mientras un pequeño grupo de billeteras obtiene ganancias extraordinarias. Es, resumiendo, una forma de estafa que se abusa de la falta de regulaciones y la ignorancia de muchos usuarios.
El uso de esta técnica más la aparición de un contrato no prueban por sí sola responsabilidad penal del presidente. Pero sí introduce un elemento que cualquier fiscal razonablemente diligente debería analizar con cierta intensidad. Y ahí aparece otro dato curioso del expediente. Pese a la cantidad de indicios acumulados (contratos encontrados, intermediarios identificados, movimientos financieros sospechosos y un colapso bursátil que perjudicó a miles de inversores)el ritmo de la investigación judicial ha sido, digamos, moderadamente parsimonioso.
En términos estrictamente procesales podría decirse que la actividad jurisdiccional ha mostrado una prudencia particularmente generosa con el Poder Ejecutivo que contrasta mucho con la rapidez vista en la condena a Cristina, validada en tiempo record, cuando la expresidenta anunció su candidatura a diputada provincial. En términos menos elegantes, algunos juristas podrían describirlo como una forma sofisticada de paciencia selectiva.
Mientras tanto, en el bunker presidencial tienen problemas para elaborar la defensa. Cada nuevo elemento que aparece en el expediente hace un poco más difícil sostener que todo fue un simple retuit. Porque en derecho penal, como suele recordarse en los manuales más básicos, los contratos no suelen aparecer en los teléfonos de terceros cuando no existe ninguna relación previa entre las partes.
Y si el borrador encontrado por los peritos llega a confirmarse como auténtico, el expediente $LIBRA podría pasar de ser una anécdota cripto a un caso bastante más serio: una investigación sobre el vínculo entre el poder político argentino y un negocio financiero que terminó evaporando millones.
En ese escenario, el problema para la defensa presidencial ya no sería explicar un tuit.
Sería explicar un contrato.
