El 13 de abril de 2026, el programa «Argenzuela» (C5N), conducido por Jorge Rial y Mauro Federico, puso al aire un audio que le prendió fuego a la frontera siempre porosa entre el periodismo y el poder. En la grabación, Florencia Pérez Roldán (vocera de Eduardo Kovalivker, dueño de la Droguería Suizo Argentina) afirma sin rodeos: “A las 4 de la mañana me llama Feinmann y me dice que están por allanar”. La frase, que parece extraída del manual del operador político, implica ni más ni menos que el conductor estrella de A24 y Radio Mitre habría anticipado un procedimiento judicial en plena madrugada, una intervención que, de ser cierta, configura una intromisión grave en una causa millonaria, además de una violación del deber de reserva judicial.
La respuesta de Eduardo Feinmann no se hizo esperar. En un extenso hilo en su cuenta de X, el periodista calificó la maniobra como un intento de «ensuciarlo» y ofreció su versión de los hechos: Pérez Roldán le escribió a él alrededor de las 10 y media de la noche. No hubo tal llamada y él contestó a las 4 de la madrugada porque es el horario en que se levanta para trabajar. Para sostener su descargo, Feinmann publicó capturas de pantalla de ese intercambio de WhatsApp y subrayó un punto central: el allanamiento a la droguería Suizo Argentina fue siete días después de aquel contacto, el 29 de agosto de 2025. «¿Cómo voy a adelantar un allanamiento que ocurrió una semana después y del que no tenía idea? Aunque se caía de maduro», disparó el conductor, desafiando a la Justicia a investigar el caso y ofreciendo su teléfono personal como prueba.
Ahora bien, por más que el periodista se muestre dispuesto a colaborar, el audio existe. No es una versión periodística ni el recuerdo impreciso de una fuente anónima sino una pieza concreta integrada al expediente de la causa Andis. Y, como tal, impone preguntas que no se saldan con capturas de pantalla selectivas ni con desmentidas en redes sociales. ¿Por qué el conductor de uno de los noticieros más vistos del país mantenía un vínculo tan estrecho con la vocera del principal sospechoso de un escándalo de coimas? Si la grabación es genuina, como todo indica, el desafío para Feinmann deja de ser mediático y empieza a ser procesal.
La causa que enmarca este episodio no es un expediente menor. La investigación por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad sacó a la luz, según la fiscalía a cargo de Franco Picardi, un fraude que supera los 75.000 millones de pesos, una cifra que empequeñece cualquier otro caso reciente de corrupción administrativa y que, para peor, se perpetró contra un organismo destinado a atender a las personas más vulnerables. El corazón de la maniobra, según la hipótesis judicial, consistía en direccionar las compras de insumos de alto costo (prótesis, implantes cocleares, sillas de ruedas motorizadas) hacia un grupo reducido de empresas amigas que, a cambio, pagaban coimas a los funcionarios de turno, incluido el tristemente célebre 3% de Karina. La droguería Suizo Argentina, propiedad de la familia Kovalivker, era una de las principales beneficiarias de ese esquema.
El entramado societario que la fiscalía está desentrañando es un catálogo de la peor argentinidad al palo. Los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker ya fueron procesados. Emmanuel, en particular, fue detenido durante un allanamiento en Nordelta después de intentar fugarse con 200.000 dólares en efectivo escondidos en sobres dentro de su auto, un botín que la justicia presume vinculado con las coimas. Jonathan, por su parte, permaneció cuatro días prófugo y, cuando finalmente se presentó, entregó su celular completamente reseteado de fábrica, sin un solo dato útil para los investigadores.
En la cima de la pirámide de la corrupción se encuentra Diego Spagnuolo, el ex titular de la Andis y amigo íntimo del presidente Javier Milei. Spagnuolo ya fue procesado por asociación ilícita, fraude y cohecho, y el fiscal Picardi pidió nuevas indagatorias para él y para otros 28 acusados. El juez federal Ariel Lijo, que subroga el juzgado en el que se tramita la causa, ordenó 35 citaciones que comenzaron el 28 de abril de 2026 y se extenderán hasta fines de mayo. Las sospechas y más que sospechas de corrupción que salgan del avanzar de la causa seguirán alimentando el descenso de imagen del presidente. La resolución describe «una organización delictiva de más de tres miembros» dedicada a manipular procesos de compra millonarios en perjuicio del erario público, una definición técnica que en criollo se traduce como una asociación para chorear con la salud de los discapacitados.
La trama, sin embargo, no se agota en la defraudación administrativa. Florencia Pérez Roldán, la misma vocera que afirmó que Feinmann la alertó del allanamiento, también declaró que Eduardo Kovalivker aportó 70.000 dólares para financiar el show que Javier Milei dio en el Movistar Arena en octubre de 2025 durante la campaña electoral. Según relató, el empresario entregó el dinero en efectivo a través de la editorial Hojas del Sur, que publicó el libro de Milei, y que el nexo entre la droguería y la Casa Rosada fue nada menos que Nicolás Márquez, el biógrafo del presidente que dijo que Adorni era un cadáver político.
La denuncia, ampliada por el abogado Yamil Castro Bianchi, quedó radicada en el juzgado de Daniel Rafecas y agrega una capa de sospecha sobre el presunto financiamiento ilegal de la política. El círculo se cierra: los empresarios a los que Feinmann habría protegido con su filtro mediático son los mismos que pusieron dólares frescos para convertir la presentación de un libro en un acto partidario de La Libertad Avanza, un festival de luces y lentejuelas que la militancia libertaria pagó con plata en efectivo y sin factura.
El vínculo entre Feinmann y los Kovalivker, que hasta ahora se leía como el celo excesivo de un periodista que defiende a «empresarios perseguidos», adquiere un significado completamente distinto cuando se conocen estos detalles. Ya no se trata de un conductor que recibe información privilegiada de sus fuentes, sino de un posible operador que se mueve en la zona más oscura del ecosistema mediático-judicial. La pregunta ya no es, por tanto, si el audio es verdadero o falso (su veracidad tendrá que ser evaluada en el expediente), sino algo mucho más incómodo: ¿quién, dentro del Poder Judicial, le pasó a Feinmann la información sobre el allanamiento? Porque si el periodista cumplió el rol de alerta, fue porque un funcionario judicial o una fuente con acceso privilegiado a la causa violó el secreto para avisarle. Y ese eslabón perdido, esa ruta de la filtración, es lo que la fiscalía todavía no logró reconstruir.
La defensa de Feinmann es, además, muy floja de papeles. Ante la acusación de haber llamado un día antes del allanamiento, el periodista se defiende compartiendo un chat, de siete días antes, que no invalida en forma alguna la existencia de la supuesta llamada. Puede funcionar en este contexto de tantos escándalos políticos y gracias al cada vez menos efectivo blindaje mediático.
