El miércoles 8 de abril de 2026, la policía allanó la sede de la Asociación de Empleados de Comercio de Bahía Blanca. El motivo: el gremio, liderado por Raúl Oviedo, había protagonizado cinco días antes una protesta frente al Bahía Blanca Plaza Shopping. ¿El delito? Bloquear los accesos y, según la denuncia del centro comercial, intentar romper las puertas de vidrio reforzado con un cono de plástico. Sí, un cono de plástico. La misma herramienta que se usan para marcar un pozo en la calle o los profesores para marcar los arcos en un fulbito en el patio. Por ese gesto de impotencia (un hombre golpeando un vidrio blindado con un objeto que no lastimaría ni a una mosca) la justicia abrió una investigación penal y mandó a los patrulleros a revisar documentos y computadoras en la sede sindical y en casas particulares de los afiliados. Mientras tanto, los trabajadores del shopping tuvieron su viernes santo libre, que era lo que el gremio había ido a pedir. Se podría resumir todo en: el gremio puso el cuerpo, la patronal amenazó con despidos, la justicia allanó al que defendió, y los empleados descansaron sin tener que pelearse con nadie. El sindicato, como debe ser, cumplió su función de escudo. Y por eso lo persiguen.
Pero para entender por qué se llegó a un cono de plástico golpeando un vidrio blindado hay que hablar de la crisis de Javier Milei. Porque este conflicto no es un hecho aislado, sino un síntoma de un modelo económico que tensa hasta el límite las relaciones laborales. El gobierno libertario llegó al poder con la motosierra en una mano y la desregulación en la otra, y en apenas dos años logró lo que parecía imposible: que una tradición de más de diez años de descanso el Viernes Santo se rompiera por la necesidad desesperada de facturar. El shopping no quiso abrir por maldad: lo hizo porque la recesión licúa las ventas, los costos se disparan y que algunos de los locales que alquilan el centro comercial están al borde del cierre. La crisis de Milei, con su megadevaluación, su pata sobre las paritarias y su caída del consumo, puso a los empresarios contra la espada y la pared. Y en esa lógica, el derecho adquirido de los trabajadores se convirtió en un lujo que ya no se podían permitir. En definitiva, un gremio que se sintió traicionado y una patronal que priorizó la supervivencia por sobre la palabra empeñada.

Lo más llamativo del caso es que ni siquiera en los momentos más oscuros de la historia reciente se había visto una situación así en el Bahía Blanca Plaza Shopping. Ni durante el estallido del 2001, cuando el país se caía a pedazos y los supermercados eran saqueados, ni durante la pandemia de 2020, cuando el comercio estuvo paralizado por meses, los trabajadores y los dueños de los locales habían llegado a este nivel de confrontación. El viernes santo de 2026 marcó un antes y un después: por primera vez, un acuerdo tácito de una década se rompió con amenazas de despido de por medio, y el sindicato respondió con una medida de fuerza que incluyó bloqueos y golpes con un cono de plástico. La excepcionalidad del hecho habla a las claras de la excepcionalidad del momento económico. Cuando la crisis aprieta, los pactos se olvidan y las formas se degradan.
Algunos medios bahienses hablaron de “barbarie” y “violencia gremial” por el episodio. Pero la imagen que circuló mostraba a un manifestante golpeando con un cono de plástico una puerta blindada de varias pulgadas de espesor. El ruido era más molesto que peligroso. El gesto, más que una agresión, era un intento por llamar la atención. El ataque, entonces, no fue sólo judicial: fue también mediático y político, con acciones en los Concejos Deliberantes de Bahía Blanca y el partido vecino de Coronel Rosales. Las defensas de los legisladores peronistas brillaron por su ausencia. Porque criminalizar la protesta no solo implica allanar una sede sindical, sino también construir un relato en el que un cono de plástico se convierte en un arma de destrucción masiva y un reclamo gremial se transforma en un acto de “barbarie”. La operación es tan vieja como el propio movimiento obrero: cuando no se puede discutir el fondo del reclamo, se demoniza la forma.
Por eso vale la pena aclarar qué pasó realmente ese viernes santo. El sindicato no impidió el desarrollo de todas las actividades del shopping. La gastronomía y el entretenimiento, por ejemplo, funcionaron con normalidad porque responden a otros convenios y otras lógicas. La medida de fuerza de Empleados de Comercio se dirigió específicamente contra los locales que debían abrir, atendidos por sus propios dueños pero que rápidamente quedó claro que los empleados estaban siendo convocados a trabajar, en violación del acuerdo de años.
No hubo un intento de paralizar todo el centro comercial, sino de defender un derecho concreto de un grupo concreto de trabajadores. Esa precisión es importante porque la demonización mediática suele generalizar: “el gremio violento impidió que la gente disfrutara del feriado”. Falso. La gente comió, tomó algo, fue al cine o a los jueguitos electronicos. Lo que no hizo fue comprar ropa o electrodomésticos en locales atendidos por empleados amenazados de despido.
Y aquí aparece el rol del shopping, que conviene preservar de la demonización fácil. El Bahía Blanca Plaza Shopping no es un villano abstracto: es un espacio físico donde decenas de comerciantes (muchos de ellos pequeños y medianos, también víctimas de la crisis) alquilan un local para intentar vivir. La administración del centro comercial tiene la obligación de velar por los intereses de sus locatarios, que son quienes le pagan. Si esos locatarios están desesperados por vender, la presión para abrir un feriado es enorme. El conflicto, entonces, no es simplemente “trabajadores contra grandes corporaciones”. Es también “trabajadores contra pequeños comerciantes que ven cómo sus ventas se desploman y temen fundirse”. Milei y su motosierra lograron algo que ni la crisis del 2001 había conseguido: enfrentar a los laburantes con los dueños de los locales. Dividir para reinar, la ley de la selva liberal.
Por eso el allanamiento del miércoles 8 es tan significativo. No es solo la respuesta a una protesta: es un mensaje. En la Argentina de Milei, los gremios que se animen a defender derechos adquiridos por costumbre van a tener a la policía en su puerta. No importa que no haya heridos, no importa que el daño material sea nulo (las pericias determinaron que el cono de plástico no le hizo un rasguño a la puerta blindada), no importa que el conflicto se resolvió de hecho con el descanso de los trabajadores. Lo que importa es sentar un precedente: la protesta se paga cara.
La hipocresía del discurso empresarial también merece un párrafo aparte. Los dueños del shopping dijeron públicamente que abrirían con atención de sus propios dueños, sin empleados. Pero en privado, los mensajes a los trabajadores decían otra cosa: “vení o te despedimos y contrato a alguno de los más de cien CVs que tengo en el cajón”. Esa doble vara (la promesa incumplida, la amenaza oculta) fue el verdadero detonante de la protesta.
La bondadosa ironía final es que, pese a todo, los empleados de comercio del shopping tuvieron su viernes santo libre. El sindicato logró lo que se propuso y es algo para festejar.
La pregunta que queda flotando es simple: ¿cuántos conos de plástico hacen falta para que la justicia investigue las amenazas de despido? Por ahora, la respuesta es ninguna. Los allanamientos son para los gremios, no para las patronales. Los trabajadores descansaron, pero el sindicato pagó el precio. Y así, mientras la crisis de Milei aprieta y la motosierra sigue cortando, la criminalización de la protesta se convierte en la nueva normalidad. El cono de plástico, en su ridícula ineficacia, es el emblema perfecto de una época donde la furia popular es tan grande como frágiles son los instrumentos que le quedan para expresarse. Un cono no rompe un vidrio blindado, pero la justicia, esa sí, rompe todo lo que se le ponga enfrente. Siempre del mismo lado.

