El fin de semana un Airbus A400M Atlas de la Real Fuerza Aérea británica (RAF) se paseaba por la región con la soltura de quien se sabe dueño de casa. La aeronave, matrícula ZM413, había partido el sábado 12 de abril desde la base militar de Monte Agradable, en las Islas Malvinas, con destino a Montevideo, en lo que ya es una ruta tan habitual como el recorrido del colectivo 60. Pero la verdadera provocación (porque de eso se trata) llegó en el vuelo de regreso. Al despegar del aeropuerto de Carrasco bajo el código RRR4001, el avión apagó su transpondedor, se volvió invisible para los radares civiles y, según el seguimiento de especialistas, realizó un presunto ingreso en espacio aéreo argentino sin autorización alguna antes de enfilar hacia el archipiélago usurpado. La maniobra, lejos de ser una falla técnica, es interpretada por expertos en defensa como una provocación en toda la línea y una falta grave a las normas de navegación internacional. Apagar el transpondedor en las narices de otro país, con un vuelo que termina en una base militar de una potencia ocupante, no es un simple desvío operativo: es un mensaje de impunidad. Y no fue la primera vez ni será la última.
Y ese mensaje fue recibido en Buenos Aires con la respuesta que se ha vuelto la constante de esta gestión con la Cuestión Malvinas: el silencio absoluto. A pesar de la gravedad del hecho, la Cancillería Argentina no emitió ningún comunicado oficial al respecto. La exembajadora en el Reino Unido, Alicia Castro, no se anduvo con vueltas y calificó el episodio como de «extrema gravedad», denunciando la «inacción total» del gobierno, «como si fuera un episodio irrelevante, solo para no incomodar a Londres». Quien sí movió el avispero fue el gobierno de Tierra del Fuego, que a través de su secretario de Malvinas, Andrés Dachary, elevó una queja formal a la embajada uruguaya y exigió a la ANAC informes detallados sobre las trazas de radar para esclarecer el itinerario del avión británico. «La seguridad operacional y la integridad territorial no admiten silencio ni pasividad», afirmó el funcionario fueguino. Mientras el gobierno central mira para otro lado, son los funcionarios provinciales los que terminan poniendo el cuerpo (y la firma) en defensa de la soberanía.
Este episodio no es un rayo en cielo sereno, sino el último trueno de una tormenta que el gobierno de Javier Milei finge no escuchar. El patrón relevado por Agenda Malvinas se repite con una regularidad que da vergüenza (palabra que los argentinos vinculan cada vez más al gobierno de Milei). En enero de 2025, otro A400M de la RAF, matrícula ZM421, se aproximó peligrosamente a apenas 60 kilómetros de la ruta de vuelos comerciales de Aerolíneas Argentinas en las cercanías de las islas, apagando también su transpondedor y demostrando que la presencia militar británica no es solo una afrenta soberana, sino un riesgo concreto para la seguridad aérea nacional.
En septiembre de 2025, el A400M matrícula ZM418 operó rutas entre Malvinas, Montevideo y Santiago de Chile cuyas duraciones indican que «indefectiblemente cruzó territorio soberano de la Argentina». En diciembre del mismo año, el ZM407 conectó Brasilia con Santiago, evidenciando que la red logística británica busca ramificarse en todo el Cono Sur. Y en enero de 2026, el ZM413 (el mismo del incidente de este fin de semana) llegó a la base aérea Pudahuel de la Fuerza Aérea de Chile, operando en instalaciones militares del país trasandino para sostener el enclave colonial británico. Como documentó Agenda Malvinas, el Reino Unido ha consolidado un corredor logístico militar con la anuencia de países vecinos, rompiendo el aislamiento que la diplomacia argentina debería sostener sobre la base de la OTAN en nuestras islas.
La pregunta que sobrevuela todo este asunto es tan incómoda como inevitable: ¿cómo es que nuestros vecinos, que en los papeles sostienen el reclamo argentino de soberanía y cuestionan la ocupación británica, se han convertido en la estación de servicio de la Royal Navy y la RAF en el Cono Sur? La respuesta es un crudo realismo geopolítico. Montevideo y Santiago han mutado en eslabones estratégicos de la logística británica en el Atlántico Sur. Uruguay, por caso, no sólo presta sus aeropuertos para estos vuelos militares sino que también recibe periódicamente al patrullero FPV Lilibet y otras embarcaciones que, bajo el paraguas de la lucha contra la pesca ilegal, protegen el saqueo de recursos como el calamar Ilex, que representa hasta el 65% de los ingresos del gobierno colonial isleño.
A esto se suma el reciente anuncio de compra de patrulleras oceánicas a la Royal Navy. La asociación es clara: Uruguay obtiene capacidad militar y un rol de socio logístico, mientras el Reino Unido consigue una base de operaciones amigable y discreta para sostener su ocupación. Como bien señala el medio especializado Escenario Mundial, mientras Argentina no define una estrategia, el Reino Unido fortaleció su trama logística y militar con Santiago y Montevideo. Es el precio del «desarrollo» y la «cooperación» que Londres ofrece, y que encuentra terreno fértil en una región donde Argentina, con su política exterior errática y su silencio cómplice, se autoexcluye del tablero. Los organismos regionales como el Mercosur y la Unasur han emitido múltiples declaraciones conjuntas respaldando la posición de Argentina e instando al diálogo con el Reino Unido, pero esos pronunciamientos, aunque valiosos en el plano diplomático, no alcanzan para frenar la consolidación de este entramado logístico que se teje en las sombras.
A este combo de pasividad diplomática y repliegue estratégico se le suma un dato que, aunque parezca de otro expediente, termina de redondear el cuadro: el 25 de marzo de 2026, Argentina votó en la Asamblea General de la ONU junto a Estados Unidos e Israel en contra de una resolución impulsada por Ghana que calificaba la esclavitud africana como «el crimen de lesa humanidad más grave». La iniciativa fue respaldada por 123 países, mientras que 52 se abstuvieron (entre ellos el Reino Unido) y solo tres (sí, EE.UU., Israel y Argentina) votaron en contra. El canciller Pablo Quirno llegó a declarar sin ningún empacho: «Nuestros socios son Estados Unidos e Israel, no África ni el Tercer Mundo».
La consecuencia inmediata de esta decisión fue la irritación de la Unión Africana, un bloque de 55 países que históricamente apoyó el reclamo argentino por la soberanía de Malvinas en todos los foros multilaterales. Es decir, el gobierno de Milei, en su afán por ser el «aliado carnal» de Washington (aliado histórico de Gran Brataña) y Tel Aviv, logró en una sola votación dinamitar décadas de respaldo diplomático africano a la causa Malvinas. El mismo canciller que no emite una nota de protesta por la violación del espacio aéreo argentino es el que se da el lujo de despreciar a un continente entero que siempre bancó nuestra posición. ¿Alguien en el Palacio San Martín hizo el cálculo de cuánto vale el apoyo africano en la disputa de soberanía versus cuánto vale un like de Elon Musk?
Todo se agrava cuando se considera que la Argentina tiene la capacidad de fabricar y operar sus propios satélites de observación terrestre. La CONAE desarrolló los SAOCOM 1A y 1B, equipados con radar de apertura sintética (SAR) en banda L, una tecnología que permite obtener imágenes de la superficie terrestre incluso de noche o en condiciones de nubosidad cerrada. Estos satélites, construidos con know-how nacional y con INVAP como contratista principal, tienen la capacidad de detectar embarcaciones pesqueras ilegales en el Mar Argentino, monitorear inundaciones, evaluar cultivos y, por supuesto, vigilar los movimientos en el Atlántico Sur.
Con una constelación de satélites propios (como la que propone el proyecto de las 10 industrias estratégicas impulsado por Leandro Retta) podríamos sacarnos la duda de cuántos aviones británicos están atravesando nuestro territorio con imágenes y videos de alta resolución.
Pero hay un pequeño detalle: desde que asumió este gobierno, el presupuesto de la CONAE sufrió un recorte real del 65%, los proyectos troncales como el SAOCOM 2 y el Tronador II están paralizados y los trabajadores del organismo se declararon en estado de alerta y movilización. Es decir, mientras los aviones británicos nos sobrevuelan impunemente, el gobierno que dice defender la soberanía desfinancia hasta el hartazgo a la agencia espacial que podría darle las herramientas para vigilar esa misma soberanía. La acción recuerda a la homérica frase: Si no lo veo, no es ilegal». Otra incongruencia de esta derecha gobernante que sólo se explica desde la lógica del ajuste fiscal a cualquier costo, aunque el costo sea dejar ciega a la Patria.
El contraste con lo que ocurría durante el kirchnerismo en materia de Malvinas es tan marcado que duele. Entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, se reafirmaron los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas en todos los foros internacionales, con hitos como el discurso de Cristina en la ONU en 2012, donde desnudó ante el mundo la intransigencia británica y logró el respaldo de la mayoría de los países miembros.
En aquellos años, cada vuelo militar británico que rozaba el espacio aéreo argentino generaba una nota de protesta inmediata, una denuncia formal y una estrategia de aislamiento diplomático que, aunque no logró sentar a Londres a negociar, al menos mantenía viva la llama del reclamo y elevaba el costo político de la ocupación. El gobierno de Mauricio Macri fue un retroceso evidente pero con Milei la cosa fue a mayores: no solo se profundizó el repliegue diplomático, sino que se instaló una narrativa de «pragmatismo» que en los hechos es una renuncia de facto.
El presidente puede pararse el 2 de abril a decir que la soberanía es «indeclinable» y «no negociable», pero sus propios actos y, sobre todo, sus omisiones, hablan un idioma muy distinto que en Londres entienden a la perfección. La declaración que hizo al diario británico The Telegraph, donde sugirió que las Malvinas volverán a la Argentina «cuando los isleños lo deseen», no sólo introduce el principio de autodeterminación que la diplomacia argentina rechazó durante décadas, sino que vacía de contenido cualquier estrategia de presión real frente a la ocupación.
El silencio ensordecedor del gobierno argentino frente al sobrevuelo del A400M del fin de semana y todos los anteriores no es, por lo tanto, una simple desidia diplomática. Es una renuncia de facto. Es la consecuencia lógica de una política exterior que, en su obsesión por alinearse con Washington, ha dejado de lado la defensa de los intereses nacionales en el sur.
Si el gobierno ni siquiera es capaz de emitir una nota de protesta por una violación flagrante del espacio aéreo, si desfinancia los satélites que podrían vigilar el territorio, si dinamita los apoyos africanos en la ONU y si delega en la provincia con menos habitantes la defensa de la soberanía, ¿cómo se va a sentar a Londres a negociar la soberanía? Lo único que se escucha, cada vez más lejos, es el ruido de los motores de la RAF alejándose, con la certeza de que acá, en esta nueva Argentina, tienen vía libre para hacer lo que quieran. Eso, ni más ni menos, es el Efecto Milei.
