En 2008, el kirchnerismo estatizó las AFJP y creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
La oposición de entonces (de la que una parte hoy es oficialismo) denunció aquello como un robo, un manotazo, una confiscación. Veinte años después, el mismo sector político que prometió dinamitar el Estado usa el FGS de manera frenética: cuando la imagen presidencial se desploma, cuando los mercados castigan al Gobierno, cuando la casta libertaria necesita un bombero, aparece la plata de los jubilados. El FGS es, desde 2007, un fondo soberano compuesto por acciones de empresas, títulos públicos y otros activos financieros, diseñado para garantizar la sustentabilidad del sistema previsional frente a los vaivenes de la economía. Es, o debería ser, un salvavidas de largo plazo para los abuelos. En manos de Milei, sin embargo, se convirtió en un matafuegos de corto plazo que se activa cada vez que la Rosada entra en pánico.
El caso Libra fue el más escandaloso. El 14 de febrero de 2025, Milei promocionó un token cripto que se desplomó en horas y les hizo perder a 40.000 inversores hasta 250 millones de dólares. Al lunes siguiente, cuando los mercados abrieron con las acciones argentinas en rojo profundo, Luis Caputo ordenó al FGS compras masivas por 350 millones de dólares en acciones del Merval. La plata de los jubilados se usó para que el Presidente no tuviera que salir a explicar por qué promocionó una estafa. Pero lo de Libra no fue una excepción, sino la confirmación de un mecanismo sistemático.
En julio de 2025, con la presión cambiaria desbocada, el Gobierno volvió a recurrir al FGS. El fondo salió a liquidar bonos para contener los dólares financieros, mientras el Banco Central quemaba 800 millones de dólares en contratos de futuros. En febrero de ese mismo año, Caputo ya había usado los dólares del FGS para comprar títulos y frenar la escalada del dólar, algo que hasta entonces el Gobierno no había hecho. El patrón es siempre el mismo: cuando la imagen de Milei sufre un golpe, cuando los mercados huyen, cuando el relato libertario se resquebraja, el FGS aparece como el sostén silencioso que evita el ridículo. Como denunció la CTA, «la única finalidad es proteger la imagen del presidente Milei en los mercados». La plata de los jubilados se convirtió en el lubricante del culto a la personalidad.
Pero la utilización del FGS no se limitó a las crisis cambiarias o bursátiles. En agosto de 2025, se reveló que el fondo y el Banco Central acumulaban el 49% de la deuda en pesos emitida por el Tesoro. El mecanismo era una bicicleta financiera: el BCRA le compraba bonos al FGS para darle liquidez, el FGS participaba en las licitaciones de nueva deuda y así el Gobierno conseguía financiamiento indirecto para cubrir el déficit fiscal. Las consecuencias de poner a tipos como Caputo en el Ministerio de Economía. La administración que decía execrar la emisión monetaria y la asistencia al Tesoro montó un andamiaje donde el fondo de los jubilados financiaba al Estado. La consultora 1816 estimó que entre el BCRA y el FGS absorbieron casi la mitad de los bonos en circulación, una maniobra que Caputo siempre atribuyó a los gobiernos anteriores y que ahora ejecuta con una escala inédita.
El balance final de esta gestión es una paradoja demoledora. El FGS, que fue pensado para proteger las jubilaciones, no se usó ni para mejorar los haberes (congelados mientras la inflación los pulverizaba) ni para otorgar créditos a los jubilados (el Gobierno derogó las líneas subsidiadas). Se usó exclusivamente para sostener artificialmente los precios de los activos financieros y la imagen del Presidente.
Sin embargo, el efecto colateral más irónico de esta estrategia es el que heredará el próximo presidente: un FGS robusto, que pasó de 25.800 millones de dólares en octubre de 2023 a casi 70.000 millones a fines de 2025, con participaciones accionarias de entre el 26% y el 28% en empresas estratégicas como Banco Macro, Edenor, Ternium o Naturgy. Milei atacó ferozmente al kirchnerismo por tener acciones en empresas privadas y terminó siendo el gobierno que más las incrementó. El próximo presidente, sea quien sea, recibirá tierra arrasada en infraestructura, en salud y en educación, pero encontrará una herramienta poderosísima para un programa de desarrollo productivo y humano.
La gran pregunta es si Milei puede arruinar esto antes de irse. Es decir, si puede vender las acciones del FGS y dejarle al próximo gobierno el fondo vaciado. El intento ya lo hizo: en su primer proyecto de ley ómnibus, de diciembre de 2023, incluyó la disolución del FGS y la transferencia de todos sus activos al Tesoro Nacional, es decir, a la chequera de la Casa Rosada. Aquel artículo fue eliminado durante las negociaciones legislativas y desde entonces el Gobierno optó por usar el fondo sin liquidarlo. Pero la tentación de vender sigue latente y podría encontrar una ventana de oportunidad en un contexto muy concreto.
Milei podría vender las acciones si necesita desesperadamente dólares para pagar servicios de deuda y mostrarle al FMI que tiene capacidad de repago. También podría hacerlo si el mercado cambiario se descontrola y necesita generar una oferta de divisas para evitar una megadevaluación antes de las elecciones. En ambos casos, el argumento sería el mismo: «Estamos vendiendo para garantizar la estabilidad». Pero el resultado sería descapitalizar a los jubilados para cubrir agujeros fiscales generados por la propia gestión.
La otra opción, menos probable pero no descartable, es que venda las acciones como parte de un paquete de privatizaciones exprés, en un gesto de «coherencia ideológica» que le permita decir que está reduciendo el tamaño del Estado. Como sea, si vende, será una maniobra que beneficiará a los grandes compradores privados que se hagan a precio de ganga de las joyas del fondo, y perjudicará al próximo gobierno, que perderá la llave de entrada a las grandes corporaciones energéticas y financieras.
El FGS es, en definitiva, el gran botín silencioso de la gestión Milei. La plata de los jubilados se usó para disimular crisis, para sostener la imagen presidencial y para financiar al Tesoro. Se usó para todo, menos para los jubilados. Ni siquiera para un PROCREAR o alguna otra aventura populista. Pero la ironía mayor está en el legado involuntario: Milei, que llegó al poder con la motosierra para destruir las herramientas del Estado, deja un fondo de 70.000 millones de dólares con participaciones estratégicas en la mitad de las grandes empresas argentinas que cotizan en bolsa. Para un gobierno nacional y popular, ese fondo puede ser la base de un programa de reindustrialización, de crédito a las pymes y de inversión en infraestructura. Para el propio Milei, fue simplemente la chequera que le permitió ocultar su fracaso durante dos años. La diferencia entre una cosa y la otra se mide en una sola palabra: soberanía. ¿O acaso no es eso de lo que hablaban?
