El martes 5 de mayo, en el programa Dulce Macumba de Radio TFK, Leandro Retta presentó el capítulo 2 de su libro “10 industrias estratégicas”, dedicado al litio. La pregunta que disparó la charla no podía ser más concreta: ¿por qué la Argentina, que integra el Triángulo del Litio junto a Chile y Bolivia, sigue exportando carbonato de litio como si fuera ganado en pie en lugar de industrializarlo? Y la respuesta, como todas las que da el director de Violencia es Menitr, incomoda.
Porque el modelo extractivista (vender barato el mineral bruto y comprar caras las baterías terminadas) es funcional a una administración que se llena la boca con la palabra libertad pero no puede pronunciar la palabra soberanía ni con ayuda de un teleprompter. La entrevista completa está disponible en el canal de Radio TFK para quien quiera escucharla, pero acá vamos a desgranar los puntos centrales del capítulo con los datos sobre la mesa y la resistencia al palo.
Según el U.S. Geological Survey, Argentina produjo 23.000 toneladas de litio contenido en 2025, un salto del 66% respecto al año anterior que la convierte en el país de mayor dinamismo global en el sector. En marzo de 2026, el país procesó más de 11.500 toneladas de carbonato de litio, un 56% más que un año antes, y el secretario de Minería, Luis Lucero, proyecta exportaciones por 12.100 millones de dólares anuales en una década. Ya hay ocho proyectos en producción y más de treinta en etapa avanzada. La Argentina se encamina a superar a Chile en 2029, a China en 2031 y junto a Australia se perfila como el principal productor mundial hacia 2030. Los números son impresionantes, pero leídos con el diario del lunes revelan una verdad incómoda: somos los campeones mundiales de sacar piedras de la tierra pero el podio de las baterías lo ocupan otros.
El Triángulo del Litio (Argentina, Chile y Bolivia) concentra más de la mitad de los recursos mundiales del mineral. Según la USGS, los tres países acumulan 57 millones de toneladas de recursos identificados. Sin embargo cada uno tomó caminos muy distintos. Chile, que históricamente fue el más avanzado, aplica desde 2023 una Estrategia Nacional del Litio con control estatal, asociaciones público-privadas y exigencias de transferencia tecnológica. Codelco y Enami sellaron alianzas con Rio Tinto y otros actores para desarrollar proyectos en los salares de Maricunga y Altoandinos, con el objetivo explícito de pasar de exportador de materia prima a potencia industrial con valor agregado. Bolivia, con el enorme Salar de Uyuni, optó por un modelo completamente estatal a través de Yacimientos de Litio Bolivianos. Y la Argentina, en cambio, permaneció atrapada en el esquema neoliberal que diseñó en los años noventa: las empresas privadas extraen, exportan y se llevan la renta, con un Estado que no planifica, no coordina y no exige nada a cambio, en parte porque los recursos son de las provincias y no del Poder Ejecutivo Nacional.
El origen del problema argentino, explica el investigador del CONICET Martín Obaya, se remonta a las reformas mineras de la década de 1990, cuando el litio fue clasificado legalmente como un commodity ordinario, un bien básico e intercambiable sin ningún estatus estratégico particular. El Código de Minería de 1993 y la Ley de Inversiones Mineras de 1997 abrieron las puertas a la inversión extranjera con amplios beneficios fiscales y estabilidad jurídica por 30 años, un sistema de concesiones directas donde el Estado nacional quedó relegado al rol de mero espectador. Ningún gobierno, desde la primera explotación de litio en 1997 hasta hoy, declaró el carácter estratégico de este mineral. “A diferencia de Chile y Bolivia, el Código de Minería argentino permite que cualquier agente privado, nacional o extranjero, adquiera yacimientos de litio mediante una simple concesión minera, sin condiciones y a perpetuidad”, denuncia un informe de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral. La consecuencia es brutal: el 80% del litio argentino termina en China, donde se fabrican las baterías que después nos venden a precio de oro.
Frente a este panorama, la propuesta del libro de Retta es tan ambiciosa como concreta. Se trata de crear el Instituto del Litio Argentino, un organismo descentralizado con participación del Estado, las universidades, el CONICET, YPF, ARSAT, las provincias mineras, sindicatos, empresarios, cooperativas. Su misión: coordinar la industrialización del litio desde la mina hasta la batería, pasando por cátodos, electrolitos y celdas.
La idea sumó alguna buena noticia desde la salida del libro: un grupo de diputados de Unión por la Patria, encabezados por Julia Strada, presentó en mayo de 2026 un proyecto de ley que declara de interés estratégico la industria del litio, crea el Instituto del Litio (homologable al ILA de las 10 Industrias Estratégicas) como ente descentralizado y establece una cuota de producción para el mercado interno, obligando a las empresas a vender una porción del mineral a precio diferencial para promover la industrialización local. El proyecto también fija retenciones diferenciadas: 10% para compuestos de litio, 4% para materiales activos y 0% para celdas de batería, generando un incentivo concreto para que el agregado de valor ocurra en territorio argentino y no en el puerto de Shanghai.
La idea de una “OPEP del litio” es la otra pata geopolítica de la propuesta. Unir a Argentina, Bolivia y Chile para fortalecer el poder de negociación de la región frente a los grandes compradores (China, la Unión Europea, Estados Unidos) y evitar la competencia desordenada que hoy erosiona el valor del mineral. La propuesta incluye estándares de sostenibilidad certificada, con sistemas de trazabilidad que aseguren que el litio regional consume hasta un 70% menos de agua que el promedio global y metas de eficiencia de conversión superiores al 95% en territorio local. Pero mientras Chile debate su Estrategia Nacional del Litio y Bolivia apuesta a la industrialización estatal, la Argentina de Milei sigue negociando acuerdos bilaterales con Washington que priorizan el acceso de las mineras estadounidenses a los salares sin pedir nada a cambio, ni una planta de cátodos, ni una celda, ni un solo puesto de trabajo calificado que no sea el de los choferes de los camiones que sacan la salmuera del salar.
El contraste con lo que ocurre del otro lado de la cordillera es tan didáctico como doloroso. Chile, que ya produce 234.000 toneladas de carbonato de litio equivalente y posee un tercio de las reservas mundiales, está implementando su Estrategia Nacional del Litio con un rol activo del Estado, exigiendo a las empresas que inviertan en tecnología de extracción directa, que se asocien con Codelco o Enami, y que dejen capacidades instaladas en el país. Mientras tanto, en la Argentina el secretario de Minería Luis Lucero se pasea por la Expo San Juan Minera anunciando que en diez años el país producirá 580.000 toneladas de LCE y exportará 12.100 millones de dólares, una cifra que enorgullece a los funcionarios de traje pero que merece ser leída con otros lentes: ¿Exportar a quién? ¿Para qué? ¿Para que China fabrique las baterías de los autos eléctricos que después llegan a la Argentina con aranceles cero? ¿Para que Alemania nos venda las celdas de litio de sus electrodomésticos mientras nosotros seguimos importando heladeras? El negocio no es malo para el país: es malo para las mayorías populares y buenísimo para las diez o doce corporaciones que controlan la extracción.
Porque acá hay que decirlo con todas las letras: el litio no es solo para autos eléctricos. Es un habilitador transversal de la transición energética y la industria 4.0. Las baterías de litio pueden alimentar herramientas inalámbricas, heladeras, sistemas de aire acondicionado, backups domiciliarios y, por supuesto, los satélites que la propia CONAE y ARSAT ponen en órbita. Cada satélite argentino que se lanza al espacio lleva baterías de litio importadas, una ironía cruel para un país que inunda el mercado mundial de carbonato. Con una demanda local masiva de baterías (desde las bicicletas eléctricas que se fabrican en Córdoba hasta los sistemas de almacenamiento de energía solar que necesita la Patagonia) la inversión en producción de celdas y cátodos se justifica por sí sola, sin necesidad de esperar a que Tesla ponga una fábrica en Zárate. El mercado interno es el motor que siempre faltó, pero para encenderlo hace falta una decisión política que la menguante gestión actual no está dispuesta a tomar.
La Mesa del Litio, que reúne a los gobernadores de Jujuy, Salta y Catamarca, viene insistiendo con reglas claras y una política de Estado que trascienda las gestiones de turno. En la última reunión, a fines de abril de 2026, los mandatarios coincidieron en que el desarrollo del litio es una política de Estado y pidieron un marco normativo que coordine la industrialización. Pero el gobierno nacional responde con lo de siempre: un SúperRIGI que nos primarice aún más que el RIGI original que no sirvió para nada, silencio sobre la cadena de valor y una fe ciega en que el derrame llegará solo, como el maná del cielo. El problema es que el maná nunca llega y los salares del norte argentino se parecen cada día más a los pozos petroleros del sur: enormes riquezas que pasan de largo y dejan pueblos rurales sin agua, sin cloacas y sin trabajo genuino, mientras los CEO celebran balances en Puerto Madero.
“
