El 15 de mayo de 2026, el Ministerio de Economía oficializó la adjudicación del Tramo Sur de la Ruta Nacional 3 a un consorcio privado, en una nueva medida retromenemista. La noticia, lejos de ser un mero trámite administrativo, tiene un impacto directo y concreto en el bolsillo de miles de bonaerenses. Para ir de Bahía Blanca a Monte Hermoso, dos puntos clave del sudoeste provincial, ahora habrá que pagar un nuevo peaje. Lo confirmó el concejal de La Libertad Avanza, Mauro Reyes, precisando que la nueva cabina se levantará entre Pehuen Co y Monte Hermoso.
Para justificar la medida, Reyes recurrió a un argumento que seduce por su aparente simpleza: «Es mucho más justo y eficiente porque le cobra a quien utiliza la ruta. No se está financiando el mantenimiento con impuestos generales». Sin embargo, esta premisa se desmorona al contrastarla con la realidad tributaria argentina. Por cada litro de combustible que se carga en el país, una porción significativa del precio corresponde al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL). Solo en mayo, el Gobierno actualizó este tributo, llevando el litro de nafta súper por encima de los $2.000. La paradoja es evidente: si los conductores ya tributan al cargar combustible, ¿por qué tienen que volver a pagar en cada cabina? Se trata de una doble tributación encubierta que choca de frente con la promesa de un gobierno que decía haber venido a bajar impuestos. Heredamos lo peor del modelo privatizador de los ’90, pero sin siquiera el alivio fiscal que se correspondería en los surtidores.
La historia argentina está plagada de experiencias fallidas que deberían servir de alerta. En los años 90, el país privatizó el mantenimiento de las rutas bajo la promesa de que la inversión privada las modernizaría. Lo que ocurrió fue exactamente lo contrario: las empresas se beneficiaron de los peajes y el Estado terminó subsidiando obras o reestatizando corredores en pésimo estado. Este esquema, que el Gobierno insiste en reeditar con un argumento de «eficiencia», vuelve a poner en manos privadas una infraestructura estratégica, generando las mismas dudas sobre si esta vez la inversión se concretará o si, una vez más, los usuarios pagarán más por lo mismo.
Y en este caso, el «por lo mismo» es literal. La nueva concesión de la Ruta 3 no contempla las obras que realmente transformarían la seguridad vial. Aunque el proyecto incluye trabajos de mantenimiento y banquinas pavimentadas, no se construirá la tan necesaria autovía de doble mano entre Bahía y Monte, como tampoco la construyó la concesión anterior con otros Menem a la cabeza. Esta es una ruta donde el drama se repite cada temporada y según las declaraciones de Reyes no parece que vaya a cambiar mucho: «Si sufrís un desperfecto, tenés la posibilidad de tirarte abajo a una banquina asfaltada y nivelada. No es la famosa autovía Bahía – Monte Hermoso que todos quisiéramos, pero genera un cambio positivo y reduce el ritmo de accidentes» La conclusión es irrefutable: no habrá una transformación de fondo, solo una mejora cosmética mientras la ruta siga cobrándose vidas.
El impacto además será importante para el transporte, un eslabón que el discurso oficial suele omitir. Para los transportistas, el peaje no es un gasto menor, sino un componente central de la estructura de costos, junto al combustible, los neumáticos y los salarios. Cualquier incremento se traslada de forma directa e inmediata al precio del flete, encareciendo cada producto que viaja por la ruta. Y el costo final, como ocurre siempre, lo paga el consumidor en la góndola. Esa inflación que no es sólo un fenómeno monetario. El mismo efecto sufrirán los pasajeros de colectivos de larga distancia, que verán el aumento reflejado en sus boletos. Como declaró el propio Reyes, las empresas de transporte «tendrán una responsabilidad mayor en cuanto a poner los recursos para el mantenimiento de la ruta». Una forma elegante de anunciar que el ajuste lo pagarán los pasajes de quienes viajan por trabajo, placer o necesidad.
La Ruta 3 se ha convertido así en el emblema de una contradicción insalvable. Un gobierno que construyó su identidad sobre la baja de impuestos ha instaurado un sistema que obliga a pagar dos veces por lo mismo: una al cargar combustible y otra al pasar por el peaje. Heredamos los vicios del modelo privatizador de los ’90 sin siquiera el alivio fiscal prometido. Libertarios con la plata de otros.
